En la primera jornada del juicio el exalcalde de Murcia defiende que todo se hizo conforme a la legalidad. El Fiscal pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público
REDACCIÓN. Murcia
El exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, defiende su inocencia y afirma que todo el proceso urbanístico de la zona de Nueva Condomina se hizo conforme a la legalidad. El ministerio fiscal mantiene que el consistorio murciano tomó decisiones al margen de la legalidad, en el marco de un proyecto inmobiliario, para obtener un nuevo estadio de fútbol, favoreciendo a un promotor privado.
Cámara, que no ha respondido a las preguntas de la acusación particular durante la primera jornada del juicio por el caso Nueva Condomina, sí que ha dado respuesta a todas las cuestiones planteadas por la defensa y por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
El fiscal sostiene que en junio de 1999 se suscribió un protocolo entre ayuntamiento y Real Murcia al que no se le dió publicidad, y en el que el alcalde Cámara se comprometía a apoyar un gran proyecto inmobiliario de cuyos beneficios se construiría un estadio. Cámara sostiene que ese protocolo no tenía valor; incluso lo ha comparado con el firmado en 2006 para la llegada del AVE a la Región.
El fiscal ha interrogado Cámara sobre algunos archivos de Samper, entre ellos uno que alude a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, a lo que el exalcalde ha negado haber estado en alguna reunión en la que se tratase ese tema.
Otra prueba que para el fiscal demuestra que hubo conversaciones previas para sacar este proyecto adelante es que, antes de ese protocolo marco en el que el Real Murcia mostraba su interés en construir un estadio, ya se habían adquirido los terrenos.
PIEZA SEPARADA DEL CASO UMBRA
En el caso Nueva Condomina, en el que se investiga una presunta corrupción que se habría cometido en beneficio del entonces propietario del Real Murcia, Jesús Samper, firmante del acuerdo en nombre de una de sus sociedades, sienta también en el banquillo a partir de este miércoles al que fuera gerente de Urbanismo del ayuntamiento Pedro Morillas, y al exjefe de Planeamiento municipal Joaquín Peñalver.
El Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, reclama para Cámara y Morillas diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, y para Peñalver, ocho años y siete meses. Esta primera sesión de la vista oral que se desarrolla en un Juzgado de lo Penal, en la Ciudad de la Justicia de Murcia, está dedicada al planteamiento de las cuestiones previas y a la declaración de los acusados
Los abogados del que fuera jefe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, han anunciado que pedirán la absolución porque es una "injusticia y un disparate".
En concreto, el Fiscal considera que Cámara, con la colaboración "imprescindible" del director de la Gerencia de Urbanismo "decidió directamente todos los aspectos favorables al proyecto Nueva Condomina, removiendo en unos casos, y vulnerando en otros, los aspectos de legalidad".
Todo ello, "realizando los cambios normativos oportunos consensuados previamente y forzando siempre las interpretaciones normativas del modo más favorable al exigente promotor privado tanto económica como urbanísticamente de forma espuria a fin de no poner en riesgo el truncamiento del proyecto publicitado", señala el informe fiscal.
