El informe "detecta debilidades y deficiencias de control interno en áreas relacionadas con la planificación, la programación presupuestaria y la gestión contable"
REDACCIÓN | AGENCIAS
El Tribunal de Cuentas ha vuelto a destacar al analizar las de la comunidad de Murcia en 2015 el déficit del Servicio Murciano de Salud, que al cierre de ese ejercicio era de 1.656 millones de euros, y las "significativas pérdidas" de la desaladora de Escombreras, de 17,3 millones a finales de ese año.
En general, el informe hecho público este lunes "detecta debilidades y deficiencias de control interno en áreas relacionadas con la planificación, la programación presupuestaria y la gestión contable".
También "en la gestión patrimonial de bienes y derechos y en la gestión de las subvenciones concedidas por la comunidad autónoma, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera" del Gobierno murciano, añade.
Recuerda que este incumplió el objetivo de déficit del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) al llegar al 2,44 %, pero cumplió el de deuda, puesto que aunque ascendió a 7.601 millones de euros equivalió al 27,5 % de su PIB, el límite fijado por el Gobierno.
En la gestión sanitaria, "al igual que en el resto de comunidades autónomas, sigue observándose una enorme rigidez del gasto corriente, lo que representa una clara preocupación para la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios sanitarios", concluye el informe.
"PÉRDIDAS" EN LA DESALADORA
En el ejercicio fiscalizado la sociedad Desaladora de Escombreras, S. A., el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que esta infraestructura "ha continuado presentando pérdidas significativas por importe de 17,3 millones de euros, lo que ha determinado que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en el art. 363.1.c de la Ley de Sociedades de Capital".
A la finalización de la fiscalización, el Tribunal advierte que "seguía sin alcanzarse una solución para la planta desaladora, no teniéndose evidencia de la adopción de acuerdo alguno entre la empresa titular de la planta, las entidades prestamistas y la Administración de la Comunidad".
Respecto a la situación del contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a la finalización de la fiscalización, el Tribunal destaca que "persisten una serie de incertidumbres y riesgos".
Entre estos riesgos, el informe destaca "los resultados finales de las negociaciones con el Ministerio de Fomento referidas al posible cierre del Aeropuerto de San Javier y los efectos derivados del traspaso de todas las operaciones al nuevo aeropuerto", así como "la resolución final de la liquidación del contrato de concesión y las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la anterior sociedad concesionaria".
