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José Luis Díaz Manzanera, fiscal jefe del TSJ de Murcia
José Luis Díaz Manzanera, fiscal jefe del TSJ de Murcia

La fiscalía presenta la querella por la degradación del Mar Menor

Entre los futuros investigados figuran el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los expresidentes de la Confederación Hidrográfica José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada, y hasta 24 agricultores del Campo de Cartagena que disponían de pozos y desaladoras ilegales

REDACCIÓN. Murcia

El Fiscal Jefe del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzaneraavanzó el pasado fin de semana a Onda Regional que el proceso se ha retrasado por una cuestión logística, que tiene que ver con la documentación acumulada, que se ha tenido que ordenar.

Este jueves ha abierto procedimiento judicial por la degradación del Mar Menor contra 37 acusados, en el que es ya el mayor sumario por delitos medioambientales que se ha planteado jamás en la región. Entre los futuros investigados figuran el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los expresidentes de la Confederación Hidrográfica José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada, y hasta 24 agricultores del Campo de Cartagena que disponían de pozos y desaladoras ilegales. La Fiscalía les investiga por posibles delitos contra el medio ambiente con el agravante de generar un riesgo de deterioro catastrófico del Mar Menor. Además, y en el caso de los cargos públicos, por varios delitos continuados de prevaricación.

La denuncia ha sido trasladada al juzgado de instrucción decano de Murcia, que todavía debe decidir su destino definitivo ya que la Fiscalía ha solicitado que el caso sea declarado de "especial complejidad".

Según se detalla en el texto, "el Mar Menor ha sido objeto de agresiones y abusos de todo tipo a lo largo de muchos años, y en los últimos al menos 15 años, sobre todo la actividad relacionada con la agricultura". "La desmesurada e incontrolada roturación del Campo de Cartagena para fines agrícolas" ha supuesto una ampliación ilegal de regadíos que estima en al menos 20.000 hectáreas.

Cuando el agua del trasvase Tajo Segura se demostró insuficiente, los agricultores procedieron a extraer agua de pozos, "en la mayoría igualmente ilegales y sin licencia". Como el agua que producían era de mala calidad, fue necesario instalar también desalobradoras: un millar de ellas, dice la Fiscalía, y casi todas ilegales al carecer de licencia y sin Declaración de Impacto Ambiental. Desalobradoras que vertían sus salmueras directamente al Mar Menor.  La situación, afirma el escrito, ha sido conocida y consentida a lo largo de los últimos años por todos los agricultores y por los responsables públicos que son objeto de esta denuncia, haciéndose caso omiso a la situación sin poner medidas hasta el año 2013 

ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

En este sentido, el escrito detalla que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente no ejerció el debido control sobre las prácticas agrícolas, ya que no existen expedientes sancionadores que controlen las infracciones que obviamente se han cometido. La comisión que debía vigilar la situación, que estaba prevista desde el año 2009, sólo empezó a funcionar en 2016. Por citar un ejemplo concreto: la fiscalía habla textualmente del "descontrol" de la Consejería de Agricultura y cita lo ocurrido en el año 2007: de los 20-mil agricultores y ganaderos que recibieron subvenciones, sólo fueron inspeccionados diez.

ACTUACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

De la actuación de Confederación Hidrográfica del Segura, la Fiscalía afirma que sus responsables han sido perfectamente conocedores de toda la situación que estaba viviendo el Mar Menor, pero sólo a partir de 2012 se empezaron atomar medidas de control, inspección y sanción que, en cualquier caso, siguen siendo "claramente insuficientes, en parte por la calamitosa situación que se han encontrado".

La denuncia de la Fiscalía pide expresamente que se tome declaración como investigados a todos los denunciados, y deja abierta la puerta a ampliar el número de acusados en función de lo que pueda ir deduciéndose de la investigación.

Propone que sean puestos en libertad provisional una vez presten declaración, pero también que se les embarguen los bienes para afianzar con sus patrimonios la cantidad en la que un perito valore los daños causados al ecosistema; y termina solicitando medidas cautelares para evitar, en lo posible, que se cause un daño irreparable. En ese sentido, exige que se garantice el vertido cero de las desalobradoras
 

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