La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido que se anule la sentencia del juzgado de lo penal número 5 que absolvió al exalcalde del PP Miguel Ángel Cámara
Murcia, 27 jun (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido que se anule la sentencia del juzgado de lo penal número 5 de esa ciudad que el pasado 8 de junio absolvió al exalcalde del PP Miguel Ángel Cámara y a dos exaltos cargos de Urbanismo de delitos de prevaricación administrativa por el convenio urbanístico de Nueva Condomina.
En un recurso de un centenar de folios que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Murcia argumenta que la sentencia no da respuesta a las pruebas acusatorias aportadas en el juicio ni expone un razonamiento motivado sobre ellas, han indicado a Efe fuentes cercanas al caso.
De estimarse el recurso, la magistrada titular del juzgado, Natividad Navarro, debería dictar una nueva sentencia en la que se dé respuesta motivada a los planteamientos del fiscal.
En un principio, desde el mismo día en que recibió la sentencia, el ministerio público estudió la posibilidad de plantear un recurso contra ella que reiterara sus solicitudes de condena, pero sin pedir su nulidad.
Sin embargo, luego descartó aquella vía al ser consciente de las dificultades que entraña revocar una sentencia absolutoria, ya que en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es posible si no es ilógica, arbitraria o irracional, y por considerar que era más probable obtener otra sentencia por el cauce finalmente elegido.
Por otra parte, fuentes de las defensas han señalado que la sentencia no ha sido recurrida por las acusaciones particulares, ejercidas por el PSOE, la Asociación de Defensa de la Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación Gulliver.
La sentencia absolvió con todos los pronunciamientos favorables a Cámara y al exdirector de Urbanismo Pedro Morillas, para quienes el fiscal pidió diez años de inhabilitación, así como al exjefe de Planeamiento Urbanístico Joaquín Peñalver, para quien reclamó ocho años y siete meses, aunque finalmente retiró esta última solicitud por prescripción.
Señalaba la resolución que, en contra de lo sostenido por las acusaciones, el protocolo de intenciones que precedió al convenio urbanístico firmado para construir el nuevo estadio de fútbol para el Real Murcia entre Cámara y el propietario del club, Jesús Samper, no se tramitó de forma secreta.
También expuso que el consistorio recibió por el estadio, que fue construido por Samper y cedido al municipio, un importe muy superior al 10 % de aprovechamiento urbanístico al que el empresario ya fallecido estaba obligado.
Igualmente, quitó credibilidad a lo declarado por los dos principales testigos de cargo de la fiscalía y las acusaciones particulares: el exconcejal de Urbanismo del PP Ginés Navarro y el exportavoz del grupo municipal socialista José Salvador Fuentes Zorita.
No obstante, la magistrada, que cuestionaba la veracidad de sus manifestaciones, exponía que no deducía testimonio "de oficio" contra ellos dadas las dificultades que entraña perseguir el delito de falso testimonio.
Sí dejaba constancia de que Navarro fue el encargado de defender en el pleno de la corporación municipal tanto la aprobación del convenio, apoyada de forma decidida por Fuentes Zorita, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el que se contemplaba esa actuación.
