Los investigadores les atribuyen al directivo y su hijo los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental
EUROPA PRESS. Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este jueves el ingreso en prisión para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su hijo Gorka por el presunto desvío de fondos del organismo a empresas vinculadas por la trama, según fuentes de la Fiscalía.
El juez que investiga la operación 'Soule' atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción para todos ellos y para el cuarto detenido, el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, a quien envía a prisión eludible bajo el pago de una fianza de 100.000 euros, según informan fuentes jurídicas.
En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.
El juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.
A lo largo de 44 folios el magistrado apunta que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".
Todos ellos han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les ha interrogado por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica que habrían supuesto un perjuicio económico para el organismo, que según algunas fuentes supondría alrededor de 50 millones de euros.
