La medida viene cuando la asociación de jueces y fiscales de la región pide la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que establece esos plazos
REDACCIÓN. Murcia
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha propuesto la puesta en marcha de un sistema de avisos o alarmas automatizados que permitan un adecuado control de los plazos máximos de instrucción. Una decisión que se ha tomado después de constatar una serie de incidencias en el control y cumplimento de los plazos de instrucción en casos de especial relevancia en la región.
La Sala de Gobierno aprecia la existencia de un "problema sistémico" para el adecuado cumplimiento de los plazos máximos de instrucción. En concreto, el órgano de gobierno de los jueces en la Región ha acordado reiterar la necesidad de creación de nuevas unidades judiciales para equiparar a la Región de Murcia con la media nacional, lo que exigiría la creación de 28 nuevas unidades judiciales.
La sala constata que los plazos de instrucciín son excesivamente breves especialmente en órganos judiciales con excesiva carga de trabajo, lo que incrementa las posibilidades de que, incluso en asuntos de tramitación no compleja, se agoten los plazos máximos de instrucción sin haberse podido completar las diligencias necesarias. Y la sala también llama la atención sobre el hecho de que "una modificación legal de tal calado no ha venido acompañada desde su implantación de medidas complementarias de apoyo a los órganos judiciales y fiscalías, tanto en personal como en aplicaciones informáticas adecuadas para la gestión y el control de los plazos máximos de instrucción".
JUECES Y FISCALES PIDEN LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Las asociaciones de jueces y fiscales de la región piden la derogación o reforma inmediata del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece los plazos máximos de instrucción para los casos no declarados como complejos, ven con buenos ojos la decisión de la sala de gobierno del TSJ de poner en marcha de un sistema de alertas y avisos para controlar los tiempos de instrucción, y creen urgente la ampliación de plantillas de jueces y fiscales.
Así lo ha explicado la magistrada Fátima Saura, jueza de violencia de género y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que lamenta que esta situación de agotamiento de los plazos ya había sido anunciada por los profesionales ante la escasez de plantillas. Por eso, la primera medida que consideran urgente es la derogación o reforma del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que marca los tiempos.
La jueza prevé que hasta que no se haga efectivo ese aumento de las plantillas, los casos saldrán adelante por el voluntarismo y la capacidad de trabajo de los profesionales de la justicia en la región,. Y no cree que sea una quimera que se produzca ese ansiado aumento de en el número de jueces y fiscales. Saura espera que de una vez el nuevo gobierno que se constituya considere los problemas de la la justicia en España con la importancia que deben de tener.
