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La ley de aceleración empresarial espera estar aprobada para 2020

El nuevo Gobierno autonómico pretende también abordar la lucha contra la despoblación y retomar la ley de simplificación administrativa, según Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda

06 AGO 2019 - 00:00
Celdrán y Albarracín
Celdrán y Albarracín
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La ley de aceleración empresarial espera estar aprobada para 2020
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REDACCIÓN. Murcia

El Gobierno regional quiere tener aprobada antes de que acabe 2020 una nueva ley de aceleración empresarial. El anuncio lo ha hecho el nuevo consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, durante una reunión con la patronal CROEM. Tras el verano se constituirán los grupos de trabajo. Quieren tener aprobada la nueva norma antes de finales del próximo año.

En esta nueva ley abordarán los asuntos que quedaron pendientes en la anterior legislatura sobre la primera ley de simplificación administrativa y también de la de acelebración empresarial. La nueva propuesta incluirá medidas fiscales para las empresas también para el fomento de proyectos industriales. Según Celdrán, la nueva ley también va a contemplar medidas de financiación municipal para luchar contra la despoblación.

Una de las aspiraciones de la nueva legislatura es la modificación del Sistema de Financiación Autonómico. El presidente de CROEM, José María Albarracín, ha anunciado tras el encuentro que en la primera quincena de octubre habrá en Alicante una cumbre de patronales, sindicatos y gobiernos de Andalucía, Valencia, Murcia y, posiblemente, Baleares para pedir la actualización del sistema de reparto presupuestario.

A esta propuesta suma una reivindicación la patronal. Albarracín pide reducir la demora en el pago a proveedores. Dice que en los últimos meses los plazos se han alargado y eso perjudica a las casi 900 empresas que en Murcia trabajan para la administración. De este modo se refería al asunto el presidente de CROEM.

Desde el gobierno dicen que se van a proner a trabajar en este asunto pero que las demoras están condicionadas por las limitaciones que impone el sistema de financiación autonómica.

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