Ciudadanos tiende la mano al Gobierno para un pacto educativo mientras PP y Vox reafirman su rechazo a la 'ley Celaá'
REDACCIÓN. Murcia
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho que los argumentos de PP, Vox y Ciudadanos para enmendar en su totalidad la reforma educativa del Gobierno "no responden al contenido" de la Lomloe ya que, por ejemplo, respeta la formación religiosa o la enseñanza del castellano.
"Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley -la Lomce o "ley Wert"- que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04 % del PIB en 2009 al 4,2 % en 2018", ha recalcado Celaá. Esos recortes, añade, han afectado especialmente a la educación pública ya que los fondos para conciertos y subvenciones han crecido, en ese periodo, un 7,7,%.
Lo ha afirmado este miércoles en el Congreso, donde defiende la ley orgánica de modificación de la LOE, Lomloe o "ley Celaá", frente a las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos.
La ministra ha asegurado que, en contra de lo defendido en sus enmiendas por los tres citados partidos, la Lomloe mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos y se reformula la regulación de la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales, teniendo en cuenta las partes de la Lomce que derogó la sentencia del Tribunal Constitucional.
Además, "se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes", ha comentado.
Ciudadanos ha tendido la mano a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para negociar un pacto educativo, aunque la formación naranja condiciona el diálogo a que el Gobierno "congele" la tramitación parlamentaria de su reforma educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que ha afrontado este miércoles su primer debate en el Congreso.
Ciudadanos, que junto al Partido Popular y Vox había presentado una enmienda a la totalidad de la LOMLOE, también conocida como 'ley Celaá', ha registrado este miércoles una solicitud para la reapertura de la subcomisión para el pacto educativo que naufragó en 2018, según ha anunciado la diputada Marta Martín en la tribuna de oradores del hemiciclo.
Desde el Partido Popular, principal grupo de la oposición, descartan cualquier tipo de negociación con Celaá porque consideran que su reforma educativa nació sin propósito de acuerdo. "En ningún momento ustedes han querido negociar con nosotros, han buscado la confrontación y no el acuerdo", ha asegurado la diputada del PP Sandra Moneo.
Moneo ha anunciado durante su intervención que el PP presentará una alternativa a la 'ley Celaá', a la que ha tildado de "ley de la imposición y del oscurantismo", así como un proyecto "anticuado" y "obsoleto" porque rescata la Ley Orgánica de Educación (LOE) del PSOE aprobada en 2006: "Si en 2006 le dijimos no a LOE, ¿cómo no vamos a decirle sí a una ley que es una reedición exacta de la misma ley?"
Por su parte, en su rechazo a la 'ley Celaá', Vox denuncia que la reforma quiere imponer "desde la más temprana edad" una "supuesta educación sexual, ideológica y sectaria, de forma organizada y curricular, como corresponde a un sistema totalitario", en palabras de la diputada Georgina Trías, que ha mostrado su preocupación por las "ideas progres y descabelladas" de "perspectiva de género" que plantea el proyecto educativo del Gobierno.
Para Trías, la 'ley Celaá' vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y valores, y ha negado que la Constitución promueva el "laicismo" que atribuye a la reforma del Gobierno socialista por relegar la asignatura de Religión "despojándola de todo valor académico".
Vox también ha criticado que la ley elimine el concepto de demanda social introducido en la LOMCE que permitía "la apertura de centros concertados en lugares a los que no había llegado la educación pública", y que pretenda "vaciar los centros de educación especial" imponiendo "la educación inclusiva".
