Se investiga una supuesta malversación de fondos públicos en la construcción y posterior gestión de la planta. El exconsejero evitaba hacer declaraciones a los medios de comunicación. "No hay nada", aseguraba
REDACCIÓN
El exconsejero de Agricultura y Agua del gobierno regional, Antonio Cerdá, ha defendido la legalidad de su gestión al comparecer como investigado en el caso de la desaladora de Escombreras. Cerdá ha manifestado que el Ente Público del Agua, presidido por él y creado al tiempo que la desaladora, no se puso en marcha para eludir las obligaciones de la ley de contratos de la administración -como sostienen los informes policiales y de la propia fiscalía- sino para ayudar a combatir el déficit de agua de la comunidad autónoma. Sobre la compra con dinero público de las participaciones de empresas privadas promotoras de la desaladora, Antonio Cerdá ha indicado que se hizo al entender que sería positivo para la gestión de los escasos recursos de la cuenca del Segura.
Sus declaraciones se producen en calidad de investigado. Cerdá se convierte así en el imputado que abre la ronda de comparecencias en esta causa, con la que se investiga una supuesta malversación de fondos públicos en la construcción y posterior gestión de la planta desaladora, proceso de investigación bautizado como la operación SAL, por parte de la unidad de delicuencia económica y fiscal, la UDEF.
En concreto se investiga la supuesta malversación de 600 millones de euros que el Gobierno regional, presidido entonces por Ramón Luis Valcárcel, se habría comprometido a pagar a las empresas del grupo ACS, en concepto de alquiler de la planta desaladora que habría costado 111 millones de euros.
