Fue detenido este miércoles en Murcia por presunto delito fiscal, blanqueo de capitales, y falsedad documental
REDACCIÓN | AGENCIAS
El empresario murciano, Quique Pina, pasará a disposición del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata este viernes, 2 de febrero, según han informado fuentes jurídicas.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a primera hora del miércoles a Pina por posible delito fiscal, blanqueo capitales y falsedad documental en la venta de jugadores de fútbol.
Pina fue detenido por la Policía Nacional a primera hora de ayer, por liderar presuntamente una red societaria que defraudó grandes sumas de dinero a Hacienda con los traspasos de jugadores y blanqueó los fondos en territorios offshore y con inversiones inmobiliarias.
Al murciano Quique Pina se le imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros. Además del dinero de traspasos, Pina habría desviado presuntamente activos de los clubes para recibir salarios no declarados a través de terceros y adquirir inmuebles y hasta un barco.
En el transcurso de las pesquisas se ha comprobado que manejaba importantes cantidades de dinero en efectivo. Los colaboradores más estrechos del empresario también están bajo el foco de la Policía, según ha podido saber el diario El Confidencial.
Entre ellos, se investiga a su hermana, Elena Pina, y a los directivos de sus empresas David Buitrago y Juan Carlos Cordero, por haber actuado presuntamente como testaferros para facilitar la evasión fiscal y el lavado de los fondos defraudados. Formaban parte de larga lista de mercantiles empleadas en España por la red Calambur Intermediaciones SL, ADGB Sport SL, Quique Sport SL y Locos por el Balón SL.
Una decena de agentes han practicado durante varias horas el registro en el chalé de Quique Pina y han abandonado el lugar pasadas las 12,30 con varias cajas con documentación y algunas herramientas.
En las actuaciones, bautizadas con el nombre de operación Líbero, también se llevan a cabo registros en domicilios y despachos relacionados con el investigado en Cádiz, Granada, Murcia y Barcelona. La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que supervisa el dispositivo.
TAMBIÉN SE INVESTIGA SU DESEMBARCO EN EL LORCA DEPORTIVA
Las investigaciones se centran en su paso por el Granada CF, del que fue presidente entre 2009 y 2016, y por el Cádiz CF, al que llegó por segunda vez en 2013. También se investiga su entrada en 2016 en el equipo de la Primera División uruguaya Institución Atlética Sud América y su desembarco ese mismo año en el Lorca Deportiva.
Quique Pina, de 49 años, fue propietario del Club de Fútbol Ciudad de Murcia, con el que ascendió hasta la Segunda División. También presidió el Granada CF. En 2011 asumió la dirección deportiva del Cádiz y cinco años después la gestión del Lorca Deportiva, en el que colocó de responsable de la parcela técnica a Juan Carlos Cordero, uno de sus más estrechos colaboradores.
La investigación la han llevado a cabo la UDEF, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, a partir de una querella que denunciaba los hechos. Se centra en el blanqueo de dinero a través de paraísos fiscales, así como en delitos contra la Hacienda Pública, a quien, presuntamente, defraudó dinero.
Los hechos investigados advierten de que Quique Pina formaba parte de una empresa en Luxemburgo -Fitteen SA- junto con la familia italiana Pozzo, donde desviaban la mayor parte de los ingresos que obtenían con los fichajes y traspasos de futbolistas.
Los detalles de esta operación se conocieron gracias al llamado caso Football Leaks, que destapó el diario EL MUNDO. Entre los documentos dados a conocer se descubrió que los derechos económicos del jugador Brahimi, traspasado del Granada al Oporto, eran propiedad de la empresa luxemburguesa de Pozzo y Pina.
Además de sus negocios futbolísticos, Quique Pina es administrador de tres empresas en España -dos están registradas en Murcia y una en Alicante- vinculadas al sector del ladrillo (al menos dos de ellas), según los datos que constan en el Registro Mercantil. Se trata de la inmobiliaria alicantina Lakisor, y las murcianas Flawless Intermediaria e Inversiones Mukar. Esta última, vinculada a la construcción de edificios residenciales.
Precisamente, Flawless Intermediaria es una sociedad que adquirió al empresario valenciano Ramón Cerdá Sanjuan, en 2005. Este empresario, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como el "ideólogo" de las sociedades que se usaron en las tramas Gürtel y Nòos, fue condenado por la Audiencia Nacional el año pasado a 13 años y un mes de cárcel. Cerdá Sanjuan fue condenado por delitos de fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil. Estaba relacionado con una trama de fraude del IVA gestada en Málaga y extendida por toda España.
