El pasado mes de marzo se detectó a un ciudadano marroquí residente en Murcia que presuntamente formaba parte de una red que introducía en España a personas procedentes del norte de África
REDACCIÓN
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Unidad Central Especial y la Comandancia de Algeciras, ha llevado a cabo la segunda fase de una operación enmarcada en la lucha contra la trata de seres humanos y la inmigración irregular, que se ha saldado con la desarticulación de un segundo grupo delictivo integrado por cinco personas y asentado en Alicante, Tarragona, Barcelona y Teruel.
La Benemérita inició la operación el pasado mes de marzo, cuando se detectó que un ciudadano marroquí, residente en Murcia, presuntamente formaba parte de una red delictiva dedicada a introducir de forma ilícita en el país a personas procedentes del norte de África, algunos de ellos menores de edad, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.
La primera fase de la operación, culminada a principios de mes, se saldó con la desarticulación en Murcia, Almoradí (Alicante) y Torredembarra (Tarragona) de un grupo delictivo integrado por cinco personas y que formaba parte de una red criminal de ámbito nacional, supuestamente dedicada a introducir y distribuir inmigrantes irregulares procedentes del continente africano.
Los guardias civiles continuaron con la investigación, y fruto del análisis de los indicios recabados, se abrió la segunda fase de la operación, que ha originado que los agentes hayan constatado el modus operandi para facilitar el acceso a territorio español a inmigrantes en situación irregular.
Los migrantes, tras un peligroso viaje para cruzar el Estrecho de Gibraltar en condiciones de riesgo, eran recogidos en línea de costa por otros miembros de la organización criminal y trasladados hasta un lugar donde no fueran detectados.
En el caso de que los migrantes fueran menores de edad, la organización permitía que fueran interceptados en la línea de costa por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ingresaran en centros de acogida especializados.
Una vez transcurrido un breve periodo de tiempo y aprovechando generalmente alguna actividad lúdica en el exterior del centro, los menores se escapaban para ser recogidos por otros miembros de la organización que, a su vez, los trasladaban junto a sus familiares residentes en distintas provincias del país, previo acuerdo económico entre los miembros de la organización y los familiares de los migrantes.
Otro hecho destacable detectado en el transcurso de la investigación ha sido que algunos de los migrantes que han sido introducidos de forma ilegal en la península ibérica por la organización ahora desmantelada tenían como destino final terceros países de la Unión Europea. Aún así éstos optaban por cruzar el Estrecho como vía más segura para acceder al continente europeo.
Ante la gravedad de los hechos y fruto de la intensa actividad operativa practicada en el entorno de los investigados, los agentes verificaron la existencia de varios individuos, residentes en diferentes provincias españolas, que realizaban tareas logísticas. Se encargaban de las funciones de traslado y transporte al destino final de los migrantes una vez se encontraban en condiciones de 'seguridad' en territorio nacional.
Tras varios meses de investigación y a la vista del elevado número de personas que habían introducido de forma ilegal en nuestro país, así como por las diferentes conexiones con individuos vinculados a la citada organización criminal en varias provincias, durante los últimos días se ha desarrollado la fase de explotación de la investigación, que se ha saldado con la detención de los cinco sospechosos, residentes en las localidades de Tarragona, Cambrils (Tarragona), Manresa (Barcelona), Valderrobres (Teruel) y Concentaina (Alicante), todos ellos como presuntos autores de delito contra los derechos de los extranjeros (inmigración irregular) y delito de pertenencia a organización criminal.
Los arrestados, cuatro hombres y una mujer, marroquíes, de entre 22 y 53 años y residentes en Alicante, Tarragona, Barcelona y Teruel han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes junto con las diligencias instruidas.
