Al declarar como investigados en el caso de presunta corrupción sobre la construcción y explotación de las instalaciones, aseguran que llegaron incluso a ofrecer la planta al Gobierno regional
EFE. Murcia
Directivos de la constructora ACS que han declarado este miércoles en el juzgado de Murcia que instruye un presunto caso de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras, en Cartagena, han señalado que este proyecto ha sido "ruinoso".
Al declarar como investigados a petición de la fiscalía, han señalado que en varias ocasiones han llegado incluso a ofrecer la planta al Gobierno de Murcia conformándose con recuperar solo lo invertido en ella, pero no ha querido.
Así lo han afirmado José Alfonso Nebrera, Ramón Jiménez y Cristóbal González, responsables de Servicios, Comunicaciones y Energía de la empresa, director general y director financiero, respectivamente.
Han manifestado que hasta septiembre de 2010 el Gobierno autonómico fue pagando a la empresa las cantidades convenidas, pero a partir de entonces, coincidiendo con la adquisición del 49 % del capital, que se sumaba al 51 % del que ya disponía la administración regional, la regularidad en los pagos cesó.
Al ser preguntados entonces por el motivo por el que continúan al frente de la desalinizadora, han manifestado que lo hacen para que no se resienta la reputación de ACS y porque creen que es mejor que la planta continúe en funcionamiento para evitar su deterioro, con lo que al mismo tiempo tendrán mayores posibilidades de cobro.
En cuanto a la forma en la que se incorporaron a este proyecto, promovido inicialmente por la empresa Hidromanagement, han indicado que comenzaron a interesarse por él cuando a través de una consultoría recibieron información sobre el particular.
Han añadido que cuando decidieron incorporarse a él comenzaron a asistir a las reuniones que se celebraban en torno a la planta, ya que esa es la forma de actuar de la compañía.
Para todos ellos, las actuaciones que se llevaban a cabo, impulsadas por el gerente del Ente Público del Agua (EPA) autonómico, Amalio Garrido, y por la secretaria general de ese ente, María Antonieta Fernández, estaban dentro de la legalidad, ya que se contaba con el asesoramiento de importantes gabinetes jurídicos, como el de Ariño, Garrigues y Cuatrecasas.
