La prescripción del delito empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18, como ocurre actualmente. Se plantea crear una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'.
REDACCIÓN. Murcia
El Gobierno ha aprobado este martes 9 de junio en Consejo de Ministros el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para su remisión al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria. La norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha hablado de consenso al referirse al proyecto de Ley de Protección de la Infancia y la Asolescendia frente a la violencia. Una norma que, según Iglesias, ha sido desarrollada por varios gobiernos.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Iglesias ha dicho que la nueva normativa legal contempla la protección de los menores frente a la violencia desde un punto de vista integral. El vicepresidente del Gobierno se ha apoyado en datos de 2018 para subrayar la necesidad de esta nueva ley. Ha dicho, entre otras cosas que ese año hubo en España 38.000 menores víctimas de violencia de una u otra forma. Iglesias ha concluido su intervención pidiendo perdón en nombre de toda la clase política por no haber tenido lista antes esta normativa.
ALGUNOS DE LOS PUNTOS QUE RECOGE LA LEY
La norma establece que se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
Obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo contra una persona menor de edad. En realidad, la normativa establece que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños o adolescentes a la autoridad.
Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia y unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los menores.
Los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores.
En defintiiva, el anteproyecto normativo establece un concepto de violencia amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el descuido o el trato negligente.
