El Ejecutivo espera recaudar 800 millones anuales. La ley está centrada en combatir las nuevas formas de fraude tributario asociadas a las nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas y complejas
AGENCIAS
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del "software" de doble uso, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.
La norma, que ha superado todos los trámites consultivos e iniciará ahora su andadura parlamentaria, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a elecciones anticipadas frustró su tramitación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019 permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1 % mas que un año antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas digitales ingresó 608 millones, un 75 % más.
Montero ha destacado que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos.
"Tolerancia cero contra el fraude fiscal", ha añadido la ministra, que ha subrayado que la ley está centrada en combatir las nuevas formas de fraude tributario asociadas a las nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas y complejas.
Con el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal el Ejecutivo mantiene su objetivo de poder recaudar 828 millones cada ejercicio, una meta que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró optimista en su momento, rebajándola como máximo a 570 millones.
La norma prohibirá la producción, tenencia o comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
La Agencia Tributaria viene reforzando sus actuaciones en este ámbito y en los últimos cinco años se han regularizado 1.500 millones de euros, de los cuales más de 300 millones corresponden al pasado ejercicio.
Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que no se volverá "a perdonar a los incumplidores" a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes.
