Para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la Confederación Hidrográfica del Segura está a punto de finalizar los trabajos en la rambla del Albujón, según explica el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez
REDACCIÓN
La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha informado al Consejo de Ministros de las actuaciones de su departamento para afrontar la situación en el Mar Menor que, de momento, han permitido abrir 65 expedientes sancionadores por riegos ilegales o vertidos a la 'laguna salada'.
Ribera ha manifestado que el Mar Menor precisa de un trabajo "intenso y coordinado" de todas las administraciones competentes, cada una en el ejercicio de sus competencias, y exige que "se cumpla la ley sin demoras ni excusas".
Además, ha indicado que en el marco de las competencias de la Administración General del Estado, se reforzará la próxima semana la vigilancia y el control del dominio público hidráulico ya que 20 efectivos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se sumarán a esta tarea.
Hasta la fecha, según ha apuntado, ya hay 65 expedientes sancionadores terminados que afectan a 989 hectáreas de superficie de regadío.
Asimismo, desde la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar está tratando de detectar ocupaciones indebidas o inconvenientes para el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), de las que está informando a los Ayuntamientos ribereños y al Gobierno de la Región de Murcia.
La ministra considera que la recuperación integral del Mar Menor es un objetivo que requiere de un trabajo intenso tanto del Ejecutivo central como del Gobierno de la Región de Murcia dentro de sus respectivas competencias, que deben ser ejercidas de manera coordinada, buscando sinergias y desde un enfoque integral.
De hecho, el informe señala que solo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, que han pasado de 92 en 2018 a un total de 207 en lo que va de 2019, por uso privativo de aguas sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción de pozos e instrumentos de la orden de clausura.
Los expedientes abiertos en el Campo de Cartagena por riegos fuera de la superficie para la que se tiene concesión ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas.
FRENAR LOS APORTES DE NITRATOS
Entre las actuaciones inmediatas para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está a punto de finalizar los trabajos en la rambla del Albujón, una de las fuentes de aportes de nitratos al Mar Menor.
Se prevé que la tubería de impulsión para derivar parte de las escorrentías para el uso agrario esté en condiciones de funcionar la próxima semana. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica explica que esta instalación para abordar de forma transitoria las escorrentías de la rambla no puede entrar en funcionamiento en tanto en cuanto la comunidad de regantes Campo de Cartagena no solicite la preceptiva concesión de las aguas.
Francisco Jiménez, delegado del Gobierno, dice que están a la espera de la contestación de los agricultores. El delegado considera que la Confederación está actuando bien y por ello descarta la responsabilidad judicial. Jiménez afirma que se está reparando el sistema de bombeo y asegura que no tienen una "varita mágica" para arreglar de inmediato los desperfectos causados por las innundaciones.
Por su parte, los regantes del campo de Cartagena quieren quedarse con el agua que se bombee de la rambla del Albujón pero siempre y cuando se les entreguen las instalaciones con todas las autorizaciones pertinentes y los recursos hídricos puedan ser tratados convenientemente para el riego.
Fuentes de los regantes aseguran que la petición formulada por la Confederación Hidrográfica del Segura será abordada en su próxima Junta de Gobierno que se celebrará el próximo martes. No obstante, afirman que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad ni riesgo si se hacen cargo de la infraestructura, que fue clausurada hace unos meses por el propio organismo de cuenca y que carece de la correspondiente autorización ambiental por parte de la Comunidad Autónoma.
Los regantes indican que el agua, que es de mala calidad, habría que tratatarla y diluirla, por lo que necesitan una planta desnitrificadora. La autorización para construirla la pidieron hace ya un año y medio y todavía están sin respuesta.
