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El Gobierno regional se personará en el caso de la desaladora de Escombreras en la que Valcárcel es investigado

El consejero Javier Celdrán ha indicado que que la Comunidad se personará "si es interesante para la Región de Murcia para conocer lo que ha pasado y poder defender los intereses de la Región de Murcia"

06 FEB 2020 - 00:00
El Gobierno regional se personará en el caso de la desaladora de Escombreras en la que Valcárcel es investigado
Valcárcel en una imagen de archivo. EPP
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El Gobierno regional se personará en el caso de la desaladora de Escombreras en la que Valcárcel es investigado
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REDACCIÓN | EP

El Gobierno regional ha anunciado que se personará en la causa judicial de la desaladora de Escombreras, en la que figura como investigado el expresidente del Ejecutivo murciano y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel.

Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en declaraciones a Onda Regional, en las que ha ratificado que la Comunidad se personará "si es interesante para la Región de Murcia para conocer lo que ha pasado y poder defender los intereses de la Región de Murcia".

En concreto, ha señalado que el Gobierno regional se personará "siguiendo siempre las recomendaciones de los servicios jurídicos" de la Comunidad.

Cabe recordar que Valcárcel declarará como investigado el próximo 16 marzo por este caso de presuntas irregularidades en la construcción y gestión de esta infraestructura. Está previsto que comience a las 9.30 horas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha remitido una solicitud a la Unidad de Atención de Causas Complejas del CGPJ para dotar al juzgado de Instrucción número 1 de Murcia de un segundo juez, a solicitud de su titular, para que ésta pueda dedicarse en exclusiva a la tramitación de estas diligencias, sobre la denuncia de la Fiscalía contra Valcárcel.

Hay que recordar que la Fiscalía vio en el expresidente el responsable último de una planta desaladora que iba a costar 600 millones de euros a la Comunidad y mencionaba la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevarización y falsedad documental, entre otros.

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