El juzgado número 2 de Murcia investiga la degradación del ecosistema marino por el uso de desaladoras ilegales
REDACCIÓN. Murcia
Este viernes fue la primera jornada de toma de declaraciones a representantes de siete empresas y a quince personas por posibles vertidos contaminantes al Mar Menor por el uso de desaladoras no autorizadas.
Estos empresarios, propietarios en su mayoría de importantes fincas agrícolas en el campo de Cartagena, han sido citados tras la redada que agentes del SEPRONA de la Guardia Civil y agentes de la Confederación del Segura realizaron el pasado 1 de abril en el campo de Cartagena.
Se inspeccionaron en esa operación 67 fincas agrícolas en las que se precintaron 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares. Algunas de estas plantas se habían situado en remolques para facilitar su camuflaje cuando no eran utilizadas. Algunas de las desalobradoras se encontraban ya precintadas como consecuencia de anteriores inspecciones.
Las comparecencias se reparten en ocho jornadas a lo largo de este mes de noviembre. El caso abierto para investigar la degradación del ecosistema marino del Mar Menor, conocido como 'caso Topillo' ha tenido varios cambios en cuanto a su instrucción desde que el juzgado aceptó abrir diligencias.
La entonces titular del juzgado número 2 de Murcia, Miriam Marín, decidió dividir en tres piezas la macrocausa por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en la laguna salada. Un caso en el que además de la Fiscalía figura, como acusación particular, Ecologistas en Acción.
El juez que sustituyó a Marín, Ángel Garrote, dejó en septiembre del año pasado sin efecto el desglose y testimonio de la causa para conocer por separado los supuestos delitos que se imputan a los funcionarios de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a los de la CHS, a 24 agricultores y a la empresa INSAL; y la inhibición para el conocimiento de estos delitos mediambientales a los Juzgados de Cartagena y San Javier, manteniendo la unidad de toda la causa.
El juez argumentaba que separarla «puede impedir la correcta investigación, calificación y, en su caso, enjuiciamiento de las conductas que se imputan».
