Tribunal Supremo
Tribunal Supremo. EP

El Supremo decidirá quién debe pagar el impuesto de las hipotecas en un pleno el 5 de noviembre

Serán los 31 magistrados que integran al Sala de lo Contencioso-Administrativo quienes fijen la doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados

REDACCIÓN | AGENCIAS

Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas) se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean las entidades bancarias las que paguen este tributo, han informado fuentes de este tribunal.

Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala Tercera, el primero ha emitido una nota en la que explica que la avocación a Pleno del primero de los recursos que hay pendientes sobre este asunto forma parte de las atribuciones del presidente de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo "siempre que lo estime necesario para la administración de justicia", sin perjuicio de las facultades de los 31 magistrados que lo integran "para resolver lo que en derecho proceda".

Esta decisión llega después de que el alto tribunal anunciara que estudiará si aplica la sentencia, conocida el jueves, en la que avalaba el pago del impuesto de actos jurídicos documentados vinculados a la firma de una hipoteca, por lo que ha acordado paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto.

Según una nota informativa del presidente de la sala tercera del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, dicha decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el "giro radical" en la jurisprudencia y en la "enorme repercusión económica y social" del fallo.

En su sentencia, únicamente aplicable a los actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, no a la compraventa, los magistrados atribuían el pago del gravamen a los bancos y no al cliente, ya que son los prestatarios aquellos a quienes interesa esta operación.

 

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