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Fiscalía archiva diligencias sobre deficiencias en la urbanización Camposol

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, entiende que en el documento remitido por la creada en la Asamblea Regional no hay nada punible

EFE. Murcia

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha archivado las diligencias informativas abiertas a raíz del dictamen aprobado en la Asamblea Regional sobre posibles repercusiones penales de la actuación de las tres administraciones en la creación y desarrollo de la urbanización Camposol, ubicada en Mazarrón. 

En un escrito fechado el pasado 24 de mayo y remitido a la Cámara autonómica, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ha señalado que acuerda el archivo de la investigación al entender que en la valoración de los hechos denunciados en el documento remitido por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, no hay nada punible.

En concreto, Díaz Manzanera ha detallado que en el dictamen no hay novedad respecto a los hechos objetos de estudio por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa en las anteriores diligencias abiertas en 2015, que fueron archivadas por no existir indicios suficientes de delito.

El pleno de la Cámara autonómica aprobó por unanimidad un dictamen sobre las "graves deficiencias" detectadas en 3.740 viviendas de la urbanización Camposol y el "riesgo" para las personas y los bienes del encauzamiento y entubamiento de la rambla de Los Aznares.

El texto elaborado tras los trabajos de la ponencia parlamentaria sobre este residencial consideraba "inadmisible" que las administraciones "no hicieran nada" para impedir esta situación, por lo que remitieron a Fiscalía el documento por si hubiera posibles actuaciones ilegales de los cargos políticos, si bien el PP puso reparos a esta decisión.

En el apartado de conclusiones, los cuatro grupos han consensuado que hay "graves problemas" de movilidad y habitabilidad creados a los residentes de los sectores B, C, D y F, que han provocado un "profundo deterioro" en algunas zonas y un "déficit de infraestructuras básicas".

El documento ha puesto el foco en que el Ayuntamiento de Mazarrón, la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "permitieron y transigieron" con la ejecución de obras no contempladas en los instrumentos de planeamiento

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