Castejón, este miércoles, en rueda de prensa.
Castejón, este miércoles, en rueda de prensa. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Imputan a la alcaldesa de Cartagena por impedir el derribo de la cárcel de San Antón

La juez estima la petición de Fiscalía a raíz de una demanda presentada por la defensa del Hospital Perpetuo Socorro, que compró el inmueble en subasta pública

EFE. Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada al impedir otorgar la licencia de obra para derribar la antigua cárcel de San Antón.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena, Nerea Cavero, ha estimado así la petición de Fiscalía a raíz de una demanda presentada por la defensa del Hospital Perpetuo Socorro, que compró el inmueble en subasta pública.

Antes de que Castejón tenga que acudir al juzgado, la jueza ha reclamado que el Ayuntamiento de Cartagena remita copia del expediente administrativo de la solicitud de demolición por parte del hospital y que el organismo competente comunique las razones que han impedido la concesión de la licencia.

En el escrito, la titular del juzgado cartagenero ha indicado que el consistorio mantuvo la "suspensión" de las autorizaciones para demoler el edificio cuando la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma había autorizado en marzo de 2017 el derribo de las partes que no estuvieran protegidas como bien inventariado.

En declaraciones a EFE, el abogado del hospital Perpetuo Socorro, Manuel Abadía, ha señalado que la alcaldesa afronta, en caso de abrirse juicio oral, una petición de condena de hasta 15 años de inhabilitación para cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada.

Abadía ha recordado que su cliente compró el terreno al Gobierno central en tercera subasta por 560.000 euros en enero de 2017, solicitando un mes después la licencia municipal para el derribo de un inmueble que no contaba con figuras de protección y cuya compra desestimó previamente el consistorio.

El abogado ha incidido en que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, transcurridos los tres meses de plazo sin que se haya concedido el permiso, se debe estimar que el responsable municipal incurre en un delito de prevaricación, que se ve agravado en este caso, según Abadía, al haber transcurrido más de dos años desde la petición.

En otra derivada del caso, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acordó este mes de septiembre suspender el derribo de la cárcel, pero Abadía ha recordado que la demanda del consistorio comete el "error" de asegurar que hay incoado un expediente para declarar la cárcel como Bien de Interés Cultural cuando es un bien inventariado, con dos figuras de protección distintas.

Por ello, ha anunciado que va a presentar un recurso para variar las medidas cautelares dictadas, añadiendo que el proyecto de su cliente mantiene las partes del inmueble protegidas, como son la puerta de acceso a la cárcel y el doble muro perimetral de la parcela.

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