El pleno del ayuntamiento de Cartagena aprueba una moción en la que pide la dimisión del Delegado del Gobierno José Vélez por la "nefasta gestión" en el dispositivo de atención a los migrantes llegados en patera
REDACCIÓN. Cartagena
El traslado anoche de un centenar de los inmigrantes de Escombreras al polígono Cabezo Beaza provoca inquietud entre las asociaciones y empresas próximas al pabellón de Deportes que han equipado el ayuntamiento de Cartagena y Cruz Roja.
Precisamente hoy la Universidad Politécnica ha cedido la residencia de estudiantes de la calle Caballero para que otros 30 argelinos hagan allí la cuarentena. La vicealcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo cree que es la falta de información sobre el dispositivo de seguridad por parte de la Delegación del Gobierno lo que provoca el malestar ciudadano.
Precisamente el pleno del ayuntamiento de Cartagena ha aprobado a primera hora de la tarde de hoy una moción, con el voto en contra de Podemos, por la que se pide la dimisión del Delegado del Gobierno José Vélez por la "nefasta gestión, mala planificación e improvisación del dispositivo de atención" a los casi medio millar de inmigrantes llegados a las costas de la Región. Arroyo afirma que si Vélez no se va pedirán la intervención del ministerio del Interior.
La consejería de Salud ha informado que alrededor del 20 por ciento de los más de 450 argelinos dieron positivo por coronavirus, de ahí que sea tan alto el número de personas que deben guardar cuarentena durante dos semanas.
El consejero Manuel Villegas ha indicado que en las próximas horas, con la instalación de aire acondicionado, terminarán los trabajos de acondicionamiento del pabellón Cabezo Beaza de Cartagena en el que pasarán los 14 días aislados un centenar de inmigrantes.
POLÉMICA POR LA ACOGIDA DE LOS INMIGRANTES
Este jueves hemos conocido que la abogacía del Estado pidió al juez que tiene que resolver sobre las competencias de atención a los inmigrantes que llegan en patera a la Región que no se oyera a la Comunidad. La Delegación del Gobierno fue la que instó a los tribunales a que determinasen si la autoridad sanitaria, en este caso la consejería de Salud de la Comunidad, se tenía que hacer cargo de la cuarentena y custodia de más de cuatrocientos inmigrantes que llegaron en patera a las costas de la Región el pasado fin de semana.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Pascual de Riquelme ha dicho hoy que no es competencia de los tribunales determinar en qué medida deben cooperar las diferentes administraciones y que lo que hará será comprobar si se preservan derechos fundamentales.
En cualquier caso De Riquelme ha explicado que el magistrado señalará en los próximos días los siguientes trámites y que dará audiencia a la Comunidad a pesar de las pretensiones en contra de la abogacía del Estado.
