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Isabel Franco "respeta" la decisión de Educación sobre consentimientos familiares

La Plataforma LGTBI de la Región registra un escrito dirigido a la Comunidad exigiendo la retirada inmedia de la orden emitida por la consejería de Educación

05 SEP 2019 - 00:00
Franco, reunida este jueves con el presidente de CROEM, José Mª Albarracín
Franco, reunida este jueves con el presidente de CROEM, José Mª Albarracín. CARM
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Isabel Franco "respeta" la decisión de Educación sobre consentimientos familiares
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REDACCIÓN. Murcia

La consejera de Igualdad, Isabel Franco, disiente de la reprobación que de su persona ha hecho hoy la plataforma de Asociaciones LGTBI de la Región. El motivo es el premiso preceptivo que la Consejería de Educación quiere establecer para que los padres decidan si sus hijos pueden ir o no a talleres o charlas en horario escolar.

Isabel Franco señala a su compañera de gabinete, María Esperanza Moreno, y ha manifestado su "respeto" por la decisión de la consejería de Educación al respecto.

La vicepresidenta del gobierno precisa que los permisos que Educación quiere implementar son para todo tipo de charlas, no solo para las de igualdad. Considera que habrá que esperar para ver cómo la nueva norma afecta a la organización de esas actividades.

PROTESTA DE LA PLATAFORMA LGTBI

Por su parte, la Plataforma LGTBI de la Región de Murcia, han registrado un escrito al Gobierno regional en el que piden de forma contundente e inmediata la retirada de la orden emitida por la consejería de Educación que obliga a los centros a solicitar el consentimiento familiar para cualquier formación complementaria .

En un comunicado, esta federación, formada por Asfagalem, Chrisallys, Galactyco y NoTePrives, advierte que estas instrucciones vulneran  la legislación vigente en materia educativa, desde la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes sobre Educación estatales y regionales, los decretos que desarrollan las mismas, los convenios internacionales a los que España está suscrita y la propia Ley de Igualdad LGTBI que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional en 2016.

La Plataforma  ha advertido que tomarán las medidas judiciales necesarias para que el Estado de Derecho no quede vulnerado por políticas educativas ilegales.

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