El tiempo transcurrido desde la denuncia lleva a la Fiscalía a rebajar su petición de penas. Las defensas piden el sobreseimiento al entender que se han vulnerado derechos fundamentales de los acusados, entre los que están dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica (Antonio Nieto y Juan Cánovas) y el antiguo alcalde de Alcantarilla Lázaro Mellado
PACO MARTÍNEZ
Los hechos se remontan a 1.999, hace ya 18 años, y es precisamente el largo tiempo transcurrido el que ha llevado al Fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, a plantear esta mañana -y como cuestión previa- una rebaja de penas sobre las previstas en su escrito de acusación, que dejaría las condenas en un máximo de tres meses para los principales acusados.
Los abogados de las defensas han pedido directamente el archivo y sobreseimiento de la causa, argumentando tres factores que consideran decisivos: el primero, que los hechos que se juzgan en esta causa ya fueron analizados hace diez años por un tribunal de Elche que sentenció entonces que los responsables de la Confederación Hidrográfica actuaron correctamente. Según Jaime Peris, que es el representante de uno de los expresidentes de Confederación juzgados, Antonio Nieto, el tribunal debe aplicar el criterio de "cosa juzgada" y ordenar el archivo antes de que comience incluso la vista oral y las declaraciones de los acusados.
Las otras dos razones de las defensas para pedir el sobreseimiento tienen que ver con la vulneración de derechos de los acusados: de una parte, porque el procedimiento se ha prolongado sin justificación alguna, con periodos de hasta siete años durante los que no se practicó ninguna diligencia significativa. De otra, porque la denuncia se planteó como una causa general, en la que ni siquiera estaba claro contra quién se actuaba ni por qué razones. El abogado del exalcalde de Alcantarilla Lázaro Mellado, el letrado José Antonio García, ha llegado a pedir que no se siga adelante con un procedimiento fracasado que podría dar lugar a un juicio "esperpéntico".
Las acusaciones particulares no han modificado por ahora sus escritos de acusación, aunque la que se ejerce en nombre de Izquierda Unida ya ha anticipado que seguirá los criterios que marque la Fiscalía. Por su parte, el abogado Diego de Ramón, que representa a la Asociación Pro Río, insiste en su intención de pedir penas de hasta seis años de cárcel para los principales acusados, al entender que permitieron vertidos al cauce del Segura aún sabiendo que las depuradoras de Beniaján y Rincón de Beniscornia no estaban funcionando.
El presidente de la sala dice que el Estado es el último responsable de estos retrasos
La Sala de la Audiencia Provincial tendrá ahora que resolver sobre estas cuestiones previas. De momento, el magistrado que preside la sala, Abdón García, ya ha anticipado que hay "razones" para tomar en consideración los argumentos de las defensas, porque el retraso de casi dos décadas es un hecho objetivo que la justicia debe "asumir con amargura". Eso sí: el magistrado ha aprovechado para señalar al que, a su juicio, es el verdadero culpable de esta situación, que no es otro que el Estado por no cumplir con su obligación de proveer de medios a la justicia.
