Vicente Carrión de COAG Campo de Cartagena "las inexactitudes del reportaje justifican ir ya a los tribunales". Santiago Pérez, agricultor de la Asociación PROAGUA, dice que "el fuego no se apaga con gasolina"
ISABEL GONZÁLEZ / SONIA ILLÁN. Murcia
La decisión de ALDI de pedir explicaciones a sus proveedores del Campo de Cartagena, puede tener recorrido judicial. La cadena de distribución justifica sus recelos en los datos ofrecidos por la televisión pública alemana sobre la contaminación del Mar Menor.
El documental aportaba datos del sumario del caso 'Topillo' en el que están inmersas empresas hortofrutícola de la zona. Algunas de ellas han sido exoneradas y son citadas, incluyendose además nombres y apellidos de particulares. Las inexactitudes que contiene se suman a su escaso rigor científico justificarían, en opinión del secretario general de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión ya acudir a los tribunales. Las informaciones del canal alemán están ocasionando perjuicios al conjunto del sector de ahí que para Carrión, "se haga necesaria la exigencia de responsabilidades, incluida la vía penal".
Desde la Asociación PROAGUA de defensa del Campo de Cartagena, su presidente, Santiago Pérez Blaya, ha dejado claro que no comparte la estrategia de llevar a los tribunales a la televisión alemana. Dice que "el fuego no se apaga con gasolina" y cree que lo razonable sería "hacer autocrítica, asumir que la gestión del agua en esa comarca ha sido muy poco transparente, marcar distancias con quienes incumplen la ley y exigir la clausura urgente de todos los regadíos ilegales".
El presidente de PROAGUA dice entender el enfado de los dirigentes de COAG en el Campo de Cartagena, pero confía en "que recapaciten y no den más vuelo a una polémica que daña gravemente la imagen de toda la Región de Murcia".
En su opinión "la estrategia debería ser completamente distinta, empezando por asumir que las cosas no se han hecho bien durante muchos años. Han fallado las administraciones, pero también han fallado los propios agricultores al permitir una gestión del agua muy poco transparente".
Ahora, añade, "es el momento de marcar distancias con quienes no cumplen la ley". Por esa razón Santiago Pérez es muy crítico con la línea de actuación de la Fundación Ingenio a cuyo frente, recuerda, "están precisamente algunas de las empresas encausadas en el sumario del caso Topillo".
"Lo urgente en este momento es tratar de recuperar la imagen de marca de la agricultura murciana y del Mar Menor y para eso es necesario que las administraciones empiecen a cumplir las promesas que han hecho" según Pérez. El mensaje más útil en este momento, dice el presidente de PROAGUA, sería cerrarles el grifo a todos los regadíos ilegales de la zona.
La Consejería de Agricultura no ha podido hablar aun con los responsables de ALDI tras el requerimiento hecho por la cadena de supermercados a sus proveedores del Campo de Cartagena a los que pedía explicaciones sobre el Mar Menor. El consejero del ramo, Antonio Luengo, a preguntas de los periodistas se remite a lo dicho por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien subrayaba que "quien haya contaminado tendrá que asumir las consecuencias". Luengo explicaba que "no han podido hablar aun con la cadena de supermercados ALDI".
