PSOE y Podemos consideran que puede incurrir en inconstitucionalidad
REDACCIÓN. Cartagena
El voto favorable de Vox ha facilitado hoy la convalidación, sin mas tramitación parlamentaria, del paquete de medidas fiscales y administrativas que propone el ejecutivo para hacer frente a la crisis poscovid.
El consejero de Hacienda Javier Celdrán calcula en 13 millones de euros el impacto de la rebaja fiscal, defiende las exenciones para mantener el empleo en los salones de juego y las modificaciones a la ley del Suelo. Se trata de deducciones en el tramo autonómico del IRPF para favorecer la conciliación por el cuidado de menores y mayores, de bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones para fomentar las empresas de economía social y de la exenciones de las tasas del Juego durante el periodo de inactividad.
Se regulará el teletrabajo, se dan algunos pasos hacia la digitalización de la administración y se le dan competencias al Instituto de Crédito y Finanzas para propiciar la inversión sostenible.
El consejero de Hacienda también se ha referido, brevemente, a la modificación de la ley del Suelo y ha centrado su intervención en el paquete de medidas fiscales del Decreto convalidado por el parlamento. Javier Celdrán cifra 16.000 los murcianos que se beneficiarán de un Decreto pensado para compensar la paralización de la actividad y detalla las medidas fiscales para que las salas de juego de la Región mantengan el empleo.
POSTURA DE LOS GRUPOS
Los socialistas no dan su apoyo al decreto que modifica 14 disposiciones normativas y que puede incurrir en inconstitucionalidad, según el diputado Alfonso Martínez.Las exenciones fiscales al juego y la modificación de la ley del Suelo, para propiciar un urbanismo a la carta, son las principales criticas de esta formación.
Desde Podemos Rafael Esteban se ha sumado al argumento sobre la dudosa constitucionalidad de la ley y califica de dispares y desordenadas unas medidas que aprovechan la pandemia para aprobar una batería de acciones al dictado de la patronal murciana.
No hay conexión entre buena parte de las modificaciones que se proponen y la crisis sanitaria, según el portavoz de VOX Juan José Liarte, que a pesar de la queja ha dado su apoyo al Decreto.
Valle Miguélez de Ciudadanos dice que siempre van a apoyar propuestas de alivio fiscal para ciudadanos empresas y autónomos. Y la popular Dolores Valcárcel cree que el gobierno regional toma iniciativas valientes para reactivar la economía frente a la improvisación del gobierno de la nación.
CONSULTORIOS MÉDICOS
Por otro lado, el parlamento autonómico también ha aprobado una enmienda a la totalidad del PP a una iniciativa del PSOE para pedir la apertura de los consultorios médicos de la periferia. Los 'populares' han argumentado para rechazar la iniciativa del PSOE que los socialistas querían abrir los consultorios sin las garantías de seguridad sanitaria.
La diputada del PP Mari Carmen Ruiz, ha expuesto que "el virus no ha desaparecido, continúan los contagios lo que obliga a actuar con prudencia", refiriéndose a la evaluación que ha realizado la Consejería de Salud de los 171 consultorios periféricos en la Región. Su enmienda, ha explicado, se centra, a su vez en pedir que se impulse la contratación de facultativos procedentes de las bolsas de trabajo de otras comunidades para reforzar la Atención Primaria. Y ha recordado que el Gobierno regional también trabaja con los ayuntamientos para abrir los consultorios periféricos siempre que se garanticen las medidas de seguridad.
La Asamblea también ha aprobado otra iniciativa del PP para pedir al Gobierno nacional que impulse un Plan Nacional de Turismo que sirva para impulsar al sector. La propuesta ha sido aprobada con la inclusión de enmiendas parciales de Ciudadanos y VOX.
CIUDAD DE LA JUSTICIA EN CARTAGENA
La Asamblea Regional también ha aprobado una declaración institucional en la que califica de “inaceptable” el retraso en la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia en Cartagena.
La falta de espacio en el edificio de los juzgados de la calle Angel Bruna impide la apertura de un juzgado de instrucción y otro de lo mercantil.
Los diputados, recogiendo una reivindicación de varios colectivos ciudadanos y profesionales como el Colegio de Abogados, lamenta que las negociaciones entre el ayuntamiento de Cartagena y el ministerio de Justicia para habilitar espacios provisionales no hayan fructificado y pide a la administración central los recursos necesarios para que la Región cuente con una administración de justicia similar a la que se presta en otros territorios.
