La Asociación Francisco de Vitoria pide explicaciones al CGPJ por la "injerencia" del Ministerio y aplauden la decisión de Miguel Pascual del Riquelme.
REDACCIÓN. Murcia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo que requerir al secretario de gobierno, bajo apercibimiento del delito de desobediencia, los datos de los asuntos suspendidos por la huelga. La Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido que se estudie la "injerencia" del ministerio que trataría de minimizar las consecuencias del paro.
Estos secretarios habrían recibido verbalmente la indicación del ministerio para que no facilitaran los datos. Sólo en dos comunidades se siguieron estas instrucciones: Madrid y Murcia y en ambas, los presidentes de los Tribunales superiores recurrieron a requierimientos personales. Es lo que denuncia la asociación Francisco de Vitoria uno de cuyos responsables en Murcia, Enrique Dominguez, cree que la actuación del departamento que dirige Rafael Catalá estaba encaminada a ocultar los efectos de la movilización.
Por su parte el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha pedido al Ministerio que ampare a los secretarios de gobierno que se negaron a solicitar datos. Este órganismo rechaza esta actitud de los presidentes de los tribunales superiores autonómicos y recalcan que el requerimiento se impone con la "coacción de una amenaza delictiva".
