El Fiscal de Seguridad Vial reconoce la situación de impunidad pero advierte que están en vigor, desde julio de 2016, instrucciones específicas a Guardia Civil y Policía Local para que envíen atestados a los tribunales y no quede todo en una sanción administrativa.
REDACCIÓN. Murcia.
De los dos mil conductores cazados por consumir drogas en 2016 sólo tres o cuatro casos acabaron en los tribunales. Son datos de la Fiscalía de Seguridad Vial del Tribunal Superior que revelan una situación anómala de impunidad reconocida por el propio fiscal Pablo Lanzarote. La mayoría de estos positivos se solventan con una multa y retirada de puntos del carné. El problema es la falta de consenso sobre los síntomas del consumo de drogas. Mientras que para el alcohol se establece un límite, en el caso de los estupefacientes no lo hay y es necesario demostrar para que exista delito una sintomatología que tampoco está clara.
La fiscalía dio instrucciones en 2016 a guardias civiles y policías para enviar a los tribunales el atestado por estos positivos a fin de establecer posibles responsabilidades penales y crear jurisprudencia. A finales de este mes han convocado nuevamente a ambos cuerpos para impulsar estas actuaciones.
