El Consejo de Gobierno aprueba un decreto ley para combatir el fenómeno de la okupación y "evitar que las mafias se instalen en la Región", según ha anunciado el consejero de Fomento José Ramón Díez de Revenga
REDACCIÓN. Murcia
Un centenar de familias vulnerables no pueden acceder a viviendas sociales de la Comunidad por estar ocupadas de forma irregular. Ello, junto al aumento de denuncias por esta práctica que mantiene secuestradas 1.078 casas en la Región, ha llevado al ejecutivo de López Miras a aprobar un decreto ley para combatir este fenómeno, mucha veces en manos de mafias organizadas, según ha explicado José Ramón Díaz de Revenga, consejero de Fomento.
La norma, que se llevará a la Asamblea regional para contar con la aportación de los grupos parlamentarios y convertirla en Ley, prevé crear un canal anónimo de denuncias que proteja la identidad frente a posibles represalias e incentivar la colaboración de los Ayuntamientos.
Díaz de Revenga ha recordado que un centenar del millar de pisos ocupados son propiedad de la Comundad Autónoma. El decreto prevé sanciones por quienes se encuentran en esas viviendas sociales de forma ilegal.
El consejero de Fomento espera que esta normativa, que ampara las propiedades de la Comunidad Autónoma, se pueda extrapolar al ámbito nacional para dar cobertura a todo tipo de propietarios que no pueden amparar las competencias de la autonomía.
SANCIONES EN CASOS DE OKUPACIÓN
A través del decreto-ley, la Comunidad también ha establecido un procedimiento sancionador específico para evitar la ocupación en el parque regional de viviendas sociales, que establece como infracción muy grave, con multas que pueden ir desde los 15.001 a los 90.000 euros.
Asimismo, se considera como infracción grave la incitación a la ocupación ilegal de este tipo de viviendas, con sanciones de 3.001 a 15.000 euros. Además, la nueva norma ordena que no podrá optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región quien haya sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años.
Díez de Revenga ha explicado que el "gran problema" de la ocupación es que las viviendas se suelen convertir en "focos de conflictividad" que alteran la convivencia vecinal.
PERFIL DEL 'OKUPANTE'
Respecto al perfil de la persona que ocupa de forma irregular una vivienda, el titular de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia ha explicado que, en su mayoría, están asociados a mafias criminales u organizaciones delictivas que llegan incluso a "revender o subarrendar los pisos".
"Son prácticamente residuales los casos de quienes lo hacen por necesidad, porque existen mecanismos suficientes en los servicios sociales de los ayuntamientos, la Comunidad y la propia Consejería, que ha sacado una ayuda de tres millones de euros a través de la ONG para garantizar un hogar a todas las familias que tienen riesgo de perderlo".
Díez de Revenga ha destacado la "dificultad legal" a la que se enfrentan los propietarios de viviendas okupadas para recuperarlas, "lo que nos ha empujado más todavía a hacer esta modificación para conseguir agilizar y ser más efectivos", al objeto de que cada vivienda "está ocupada por la familia que le corresponde y no por quien la toma por la fuerza".
