"La región de Murcia es la peor financiada y tenemos que procurar los mismos servicios públicos" (consejero Carrillo); "las cifras tienen un valor nulo" (A. Martínez, PSOE); "las cuentas están falseadas" (O. Urralburu, PODEMOS); "nos pondremos a debatir los presupuestos" (Sánchez, CIUDADANOS); "esfuerzo para mantener los servicios públicos" (D. Segado, PP)
REDACCIÓN. Cartagena/Murcia
La Comunidad dispondrá de casi 4.530 millones de euros en 2018 y fija el recurso al déficit en un 0,4%, aunque el propio consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, reconoce que no lo podrá cumplir.
Una de las cifras clave del techo de gasto son los 289 millones de euros más que se recibirán del Estado, aunque el consejero recuerda que la Comunidad es la peor financiada de España y exige un nuevo sistema de financiación que, a pesar de la crisis secesionista en Cataluña, se negociará en una reunión del comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo jueves.
La Comunidad dejará de ingresar 25 millones de euros en 2018, que corresponden a la bonificación de hasta el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones e incluye, en el IRPF, bonificaciones de 120 euros por hijo para compensar la compra de material escolar en rentas individuales de hasta 20.000 euros y conjuntas de hasta 40.000 euros.
La deuda de la Comunidad era de 8.300 millones de euros a finales de 2016 y subirá este año porque, según el consejero de Hacienda, la Región tiene que mantener servicios esenciales como la sanidad y la educación. Carrillo reconoce que el objetivo de déficit del 0,4%, que fija la ley de Estabilidad Presupuestaria, es difícil de cumplir.
Los grupos parlamentarios de la oposición han mostrado su preocupación por el aumento de la deuda y por la situación financiera del Servicio Murciano de Salud. Tanto PSOE como Podemos han votado en contra de un techo de gasto que califican de falso, virtual e hipócrita.
En cuanto a Ciudadanos, ha basado su abstención en un sentido de responsabilidad, anunciando que a partir de ahora se centrarán en la negociación de los presupuestos, mientras que el PP ha apelado a una gestión que permite, con poco dinero, mantener los servicios esenciales.
