Los hechos denunciados por la Fiscalía contra responsables del Consejería de Agricultura, de la Confederación Hidrográfica del Segura y los agricultores se instruirán en causas diferentes
REDACCIÓN. Murcia
La titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia divide en tres partes las Diligencias Previas iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía por el deterioro sufrido por el Mar Menor como consecuencia de los vertidos de la agricultura, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Dos partes quedarán en manos de la juez de Murcia y la tercera, contra los agricultores o empresas presuntamente responsables de los vertidos se remitirá a los juzgados de San Javier y Cartagena. Este mismo martes se producía un registro en unas instalaciones del Polígono Industrial de Polaris, en Balsicas.
Miriam Marín, la instructora de la denuncia del fiscal por el deterioro medioambiental del Mar Menor contra exaltos cargos de la Consejería de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Segura, la ha admitido a trámite y la ha dividido al considerar que debe investigarse por separado a miembros de ambas administraciones.
Marín, declara su falta de competencia territorial respecto de los vertidos con desalinizadoras ilegales cometidos presuntamente por 24 agricultores y empresas de San Javier y Cartagena, donde debería investigarse la denuncia de la fiscalía contra ellos.
Tampoco encuentra indicios de que haya existido un concierto o reunión previo en la actuación realizada por los funcionarios de la consejería y la confederación, de ahí que opte por incoar dos procedimientos distintos: uno con los expresidentes de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada, entre los 6 exaltos cargos de ese departamento del Gobierno central, y otro para el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y otros cargos de su departamento.
En su denuncia, la fiscalía estima que "al menos durante los últimos 15 años los investigados no adoptaron las medidas necesarias de gestión y control para la protección del mar Menor, afirma el auto. Respecto a la denuncia contra Cerdá y sus altos funcionarios por deficiente gestión o ausencia de instrumentos de planificación, la jueza archiva las diligencias por falta de indicios.
