Alejandro Arribas no elevará notarialmente el contrato de compra-venta del Cartagena hasta que no quede concluida la auditoría de las cuentas del club. Los jugadores no han cobrado la última nómina.
GREGORIO LEÓN
A día de hoy, Francisco Belmonte tiene todo el poder ejecutivo en el Cartagena. Aunque quedó ya firmado el pasado 26 de noviembre el contrato de compra-venta que agilizaba los trámites y plazos establecidos en el contrato inicial del 17 de julio, no se ha elevado a escritura pública, de tal modo que Belmonte, desde su condición de presidente, tiene las llaves del club para adoptar decisiones económicas de hondura, como por ejemplo, el pago de la nómina. Sí la han cobrado los empleados, y también han empezado a hacerlo los jugadores, con algunos días de retraso. Abonos hechos gracias a las dos taquillas gordas dejadas por la Copa y el derbi, y administradas por Belmonte.
El pasado miércoles 3 de diciembre estaba previsto que el contrato fuera pasado por la notaría, a fin de darle plena eficacia y seguridad jurídicas. Tal cosa no ocurrió. Según fuentes de la parte compradora, Alejandro Arribas no va dar ese paso hasta que no esté concluida la auditoría externa que ha encargado, a fin de determinar con exactitud la fotografía actual de la deuda del Cartagena. Las mismas fuentes informan a Onda Regional de que el Cartagena tenía de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar una auditoría que detallara la realidad financiera de la sociedad. El Cartagena, gobernado por Duino Inversiones, no presentó la auditoría en el margen temporal estipulado.
Aunque sus apariciones públicas son escasísimas (no se le vio en el palco del Cartagonova en los partidos últimos del Cartagena, de singular significación, Valencia en Copa y derbi frente al Real Murcia), Belmonte sigue moviendo los hilos en el desempeño de sus funciones de presidente, de las que será apartado cuando el contrato firmado por Duino y Cortadone Inversiones SL sea elevado a público en notaría. Esto, según se insiste desde la parte compradora, ocurrirá en los próximos días, tan pronto quede culminada la auditoría en marcha. La desconfianza nunca ha desaparecido. Las dos partes no han parado de mirarse de reojo. Alejandro Arribas, que se encontró con una deuda oculta de 500.000 euros y un embargo de la Seguridad Social frenado a tiempo, ya no se fía de Duino. Y por eso no ha dado el paso de acudir a la notaría para cerrar definitivamente un proceso que se abrió el pasado mes de julio. Cinco meses después, sigue inconcluso.
