El expresidente grana habría obtenido supuestamente un beneficio ilícito de 117.770 euros.
GREGORIO LEÓN/AGENCIAS
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto en un auto sentar en el banquillo al empresario y productor José Luis Moreno por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a conseguir financiación de bancos e inversores para "lucrarse de manera ilegítima".El magistrado plantea juzgarle a él y a otras 54 personas investigadas por delitos como estafa en concurso con falsedad, blanqueo, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Entre esas 54 personas aparece Raúl Moro, expresidente del Real Murcia. Según el auto, la red tejida por José Luis Moreno buscó a Moro "para concertar con la mercantil Comunitae seis contratos de financiación descontando pagarés librados por otras empresas de la organización". El beneficio que presuntamente habría obtenido el exdirigente grana se cifraría en 117.770 euros.
Todo ello, cuatro años después de ejecutarse la 'operación Titella' (marioneta en catalán) en la que el popular ventrílocuo fue detenido en el verano de 2021 y salió de la Audiencia Nacional con la obligación de presentar una fianza de tres millones de euros que, posteriormente, fue rebajada a dos.
En su auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el juez cree que también hay indicios para juzgar a José Luis Moreno y a quien fuese su pareja, el actor Martín Czehmester, por presunto fraude a Hacienda entre 2019 y 2020.
José Luis Moreno, "necesitado de financiación privada" a la vista de "sus numerosas deudas" con Hacienda y que le cerraban la puerta al crédito de los bancos, contactó con uno de los presuntos líderes de la organización, Antonio Luis Aguilera, y "colaboró con él para obtener financiación fraudulenta", indica el juez.
Según el auto, "una de sus funciones esenciales era generar confianza en las entidades financieras al tratarse de un personaje público". Por tanto, usaba su nombre como "tarjeta de visita" para que fuese más fácil obtener financiación. Como explica el juez, él era el principal destinatario de los fondos y el encargado de presentar los proyectos audiovisuales para los que pedía recursos.
Como explica el juez en el auto, la red empleaba empresas pantalla y testaferros para simular relaciones comerciales y económicas entre empresas, entre las que se transferían dinero para impedir su rastreo. En definitiva, resume el juez, era una organización en la que cada miembro "mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas" para después "simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros". De esta manera, se creaba un entramado de empresas con apariencia solvente, utilizada para engañar a bancos.
Entre las víctimas de la red hay varias entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda pública y también inversores particulares.
