El letrado defensor del teniente coronel Antonio Tejero, Ángel López Montero, afirmó durante el juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que éste se originó en una reunión en Cartagena, en la que se exploró la participación de Miláns como posible cabeza táctica.
Durante el juicio militar, López Montero explicó que todo comenzó en noviembre de 1980 en Cartagena, cuando el general Armada analizó la disposición del teniente general Miláns a actuar como hombre leal al Rey. Según López Montero, esta primera reunión sentó las bases de lo que luego sería el intento de golpe.
El abogado argumentó que no se produjo una rebelión formal, ya que las Cortes no se disolvieron ni se atacó al Congreso, y los parlamentarios solo fueron retenidos temporalmente.
La exposición se basó en documentos recientemente desclasificados por el Gobierno, correspondientes a la vista oral del Consejo Supremo de Justicia Militar del 4 de mayo de 1982.
López Montero detalló los hechos durante más de hora y cuarto, reconstruyendo los eventos a partir de aquella reunión inicial en Cartagena, destacando la planificación previa y los actores implicados en el 23-F. La defensa subraya así una versión de los hechos que minimiza la consideración de rebelión y contextualiza la participación de los militares involucrados.
Informes del 23F revelan agitación universitaria en Murcia y normalidad en Cartagena
Los informes desclasificados de la Comisaría General de Información (CGI) relativos a la situación de las regiones policiales tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero detallan la actividad de diversos grupos políticos en la capital murciana.
Según los documentos titulados "Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas", los servicios de inteligencia policial monitorizaron especialmente el ámbito universitario durante las jornadas del 24 y 26 de febrero de 1981.
El primer informe, fechado el 24 de febrero, señala que en la zona universitaria de Murcia aparecieron pancartas firmadas por la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista (MC). En dichas comunicaciones se solicitaba explícitamente la "depuración de las FAS (Fuerzas Armadas) y FOP (Fuerzas de Orden Público)".
Asimismo, el documento de la Jefatura Superior recoge la celebración de una asamblea estudiantil en la que se pidió la "disolución de los grupos fascistas y terroristas" como respuesta inmediata a la ocupación del Congreso de los Diputados.
En el caso de Cartagena, el informe señala una situación de "normalidad", pero indica que continuaba el paro de días anteriores de los autobuses urbanos. Además, también afirma que apareció propaganda de CC.OO y UGT en apoyo al rey, a las Fuerzas Armadas y a la Constitución.
Un segundo informe, con fecha de 26 de febrero, da cuenta de una nueva concentración en el campus de la Universidad de Murcia. Según el parte policial, la asamblea fue convocada de forma conjunta por el Movimiento Comunista (MC), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Unificación Comunista de España (UCE).
El acta de información señala que a esta movilización asistieron unas 400 personas que aprobaron la adhesión de estas organizaciones a todos los actos de protesta o apoyo que fueran convocados por los partidos políticos.
Ese mismo documento apunta que, además de la manifestación organizada para el día siguiente tras la solicitud al Gobierno civil de Movimiento Comunista, Partido del Trabajo, LCR y UCE, constaba una nueva petición para celebrar otra manifestación el 7 de marzo bajo el lema "En defensa de las libertades democráticas".
Estos datos forman parte de la documentación remitida en su día por las Jefaturas Superiores de Policía a la Comisaría General de Información para evaluar el estado del orden público y la respuesta civil en las diferentes provincias tras la crisis institucional.
