La magistrada de instrucción acuerda el sobreseimiento provisional de los responsables municipales al no apreciar indicios racionales de que exista una relación de causalidad entre su actuación y los 13 fallecidos
La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha concluido que existen indicios suficientes para atribuir a seis personas, a las que se les imputa un delito de homicidio por imprudencia, los incendios de dos discotecas en Murcia en los que murieron 13 personas.
La jueza señala que “existen indicios racionales” de que los hechos investigados podrían ser constitutivos de infracción penal, por lo que acuerda continuar el procedimiento contra los seis investigados: los responsables de las discotecas, el organizador de la fiesta celebrada esa madrugada, el técnico proyectista que intervino en la configuración del local, y el encargado de la introducción y utilización de las máquinas generadoras de “chispas de fuego frío”.
Al delito de homicidio imprudente se suman también, trece delitos de lesiones de imprudencia grave, ante la lesión de otras trece personas en el incendio, así como un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
La resolución describe graves deficiencias estructurales y atribuye el origen del fuego al uso de máquinas de "chispas de fuego frío" que impactaron contra el techo. Unas máquinas cuyos sistemas alcanzaban temperaturas de hasta 452 grados, y que debían de colocarse a una distancia específica que no se respetó. Según esta resolución, indiciariamente, “las chispas que desprendían estuvieron colisionando contra el techo a lo largo de la noche”, hasta que este “comenzó a arder en el punto justo donde chocaban las chispas de fuego frío. El fuego se propagó entonces con rapidez, alcanzando el establecimiento contiguo, y “a trece personas que estaban en la planta primera no les dio tiempo a abandonarla y fallecieron en su interior”.
El auto también analiza las obras realizadas años antes en la nave industrial que albergaba ambos establecimientos, y añade que esta fue dividida en dos salas “sin haber obtenido licencia municipal”, modificación que “tuvo relevancia en la propagación del fuego de un establecimiento a otro, así como en sus consecuencias”. El auto señala que la nueva configuración “indiciariamente no cumplía las exigencias de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación” y que esa situación se habría mantenido hasta la fecha de los hechos.
En concreto, la resolución enumera diversas “deficiencias técnicas de compartimentación que favorecieron la propagación y consecuencias del fuego”, entre ellas, la inexistencia de elementos con la resistencia al fuego exigible y la falta de una franja de protección adecuada en la cubierta. También, la ausencia de puertas cortafuegos en la medianería entre ambos locales y la existencia de conductos de climatización que comunicaban ambos espacios “sin existir compartimentación, posibilitando el paso del fuego de un establecimiento a otro”.
El auto descarta que los hechos puedan dar lugar a una responsabilidad administrativa. En relación a la orden de cese del local de enero del 2022, el escrito señala que una posterior solicitud de legalización dio lugar a la apertura de un nuevo expediente, neutralizando la orden anterior y, por lo tanto, rechaza el delito de prevaricación.
La resolución no ha tenido buena acogida por parte de los abogados defensores de las familias de las víctimas, que aseguran que recurrirán la decisión. Critican la falta de investigación por parte del tribunal y señalan las negligencias de la administración pública como responsables.
José Manuel Muñoz abogado de la familia de las víctimas, entiende que al no haberse realizado una investigación a la administración, se están vulnerando los derechos de las familias afectadas. Una decisión que comparte también Pedro López Graña, abogado, de otras familias de las víctimas.
Muñoz considera que el verdadero foco del problema fue la falta de medidas de seguridad reglamentaria en el local y señala a la administración como encargado de gestionar esa situación. En su opinión, este auto tiene deficiencias y se está dejando fuera a los verdaderos responsables.
