La magistrada abre una línea de investigación para decidir si abre un proceso penal independiente de la causa principal tras el fallecimiento de 13 personas en las discotecas Teatre y Fonda Milagros
El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, con fecha de este lunes, ha dictado una resolución en la que acuerda el inicio de diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa del Ayuntamiento de Murcia en el caso de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en las que murieron 13 personas el 1 de octubre de 2023.
La magistrada abre un proceso penal específico e independiente de la causa principal, ya que considera que no hay conexión directa con el delito por imprudencia. Entiende, explica el abogado de las familias, que hay que analizar de forma separada la actuación del Ayuntamiento de la capital en lo relativo a las licencias, controles, inspecciones y actuaciones en materia urbanística, de actividades y de seguridad, que forman parte de lo sucedido antes de la tragedia de las discotecas de Atalayas.
Para las familias de las víctimas, este paso de la justicia es algo esperado desde hace tiempo, ya que es un "paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración se ajustó o no a la legalidad".
El abogado de las familias, José Manuel Muñoz, considera esta decisión “un hito importante”, ya que permitirá analizar la posible responsabilidad municipal como garante del cumplimiento de la legalidad. Según explicó, durante la instrucción ha quedado acreditado el incumplimiento de normativa que el Ayuntamiento tenía obligación de hacer cumplir, lo que, a su juicio, derivó en las condiciones que agravaron las consecuencias del incendio. Aunque llega “tarde”, Muñoz subraya que la apertura de esta vía es una noticia positiva para las familias.
Además, respecto a la causa principal, el juzgado ha acordado la prórroga del plazo máximo de instrucción hasta el 1 de abril de 2026 por la complejidad del procedimiento, dado el elevado número de investigados, testigos y periciales realizadas.
Voz: José Manuel Muñoz, abogado.
