El Gobierno regional alerta del “grave problema” de la inquiokupación y pide cambios en la Ley de Vivienda
La Plataforma de Afectados por la Okupación alerta de que la Ley de Vivienda estatal facilita que los inquiokupas se declaren vulnerables y dejen de pagar. Por eso, piden que Servicios Sociales revise periódicamente para que los procesos judiciales de desahucio no queden paralizados indefinidamente.
Inmaculada Márquez ha tardado cuatro años y medio en echar a su inquilina morosa. Aprovechó que en enero decayó el decreto ómnibus y con él, la suspensión de los desahucios y lanzamientos.
La Plataforma denuncia la proliferación de mafias que incluso asesoran legalmente a los inquiokupas. Un fenómeno que representa siete de cada diez desahucios. Al año, los casos ascienden a 25.000. Este lunes, el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ha recibido a los representantes de la asociación, que llevan pidiendo una reunión con la ministra desde el mes de octubre sin que haya habido respuesta.
El Ejecutivo autonómico alerta del "grave problema de la inquiokupación que ha generado la Ley de Vivienda estatal, ya que la norma establece que si alguien gana menos de 1.800 euros al mes, el equivalente a tres veces el IPREM, puede declararse vulnerable y no pagar". En la reunión con la plataforma, se ha puesto de manifiesto que la ley desprotege a los propietarios de viviendas y favorece la inquiokupación.
Durante el encuentro, ambas partes han coincidido en que, desde que el Ministerio aprobó la Ley de Vivienda, “ha crecido de forma alarmante el fenómeno de la inquiokupación”, ya que el inquilino deja de pagar el alquiler porque se ve amparado por la Ley y por los decretos antidesahucios.
La okupación aumentó en 2024 un 10,11 % en la Región de Murcia, según los datos del Ministerio, ya que pasó de 435 casos denunciados el año anterior a 479 casos. Respecto a la inquiokupación, al no ser un delito tipificado en el Código Penal, no se puede cuantificar mediante denuncia del propietario y no hay datos que reflejen este asunto.
“La inquiokupación está provocando una reducción de la oferta de vivienda porque los inquilinos tienen más derecho que los propietarios”, afirma Jorge García Montoro, quien subraya que los propietarios son las verdaderas víctimas de la inquiokupación, ellos y su entorno familiar son los vulnerables y los que sufren esta situación.
El Ejecutivo regional fue pionero en la creación de un servicio específico para combatir la okupación, y desde 2022 mantiene una línea de teléfono y un correo electrónico para que la ciudadanía comunique los casos que le afecten. Desde esa fecha se han registrado en torno a 800 comunicaciones.
