El presidente regional de VOX ha afirmado en una entrevista en Tarde Abierta de Onda Regional que ya ha comenzado el traslado de menores, pero los empleados del centro dicen no tener noticias al respecto
El presidente regional de VOX, José Ángel Antelo, ha asegurado hoy en una entrevista en Tarde Abierta que ya ha comenzado el desalojo del centro de menores tutelados de Santa Cruz, aunque los trabajadores del centro han desmentido esa información y dicen no tener noticias de que el traslado sea inminente. La Consejería de Política Social, preguntada por esta cuestión, se ha limitado a afirmar que "con respecto a ese tema" no tiene "nada que decir".
Antelo se felicitaba esta tarde en una entrevista en directo en Onda Regional del éxito de las condiciones impuestas por su formación al gobierno de Fernando López Miras. Ponía como ejemplo la reducción de las ayudas públicas dedicadas a las ONGs que trabajan con personas migrantes, a las que considera cómplices del fenómeno de la inmigración ilegal. En ese contexto, daba por iniciado el desalojo del centro de menores Rosa Peñas que la Fundación Antonio Moreno gestiona en la pedanía murciana de Santa Cruz:
Minutos más tarde, hemos podido hablar con Alfonso Morillas, delegado de CCOO en el centro de Santa Cruz. Su explicación ha sido clara: hoy por hoy no sólo no ha comenzado el desalojo sino que no tienen constancia de que el traslado vaya a producirse de manera inminente:
Morillas insiste en que nadie les ha comunicado ni la fecha prevista para el traslado, ni el destino de los sesenta menores que ahora viven en el centro de Santa Cruz. Esa falta de información provoca que entre los niños y adolescentes haya momentos de mucha incertidumbre, que el personal trata de rebajar siendo todo lo transparentes que pueden. Sin embargo, no son capaces de resolver algunas de sus dudas, como si se les va a reubicar juntos o se verán obligados a separarse en distintos grupos.
Tal y como estaba previsto, Murcia ha vuelto a rechazar hoy, en una reunión preparatoria de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, la propuesta que el Ministerio ha trasladado a las Comunidades Autónomas para repartir entre todo el territorio nacional a cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados, de los que ahora están siendo atendidos en solitario por Canarias.
Una cantidad total de la que probablemente habrá que restar a los 850 chicos y chicas que serán acogidos por la red estatal de protección internacional al ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo. Según los cálculos iniciales (que no tienen en cuenta esa posible rebaja), la Región de Murcia debería recibir a 133 menores, lo que llevaría aparejada una financiación estatal de algo más de un millón setecientos mil euros. El reparto se estableció teniendo en cuenta el nivel de saturación que presentan los sistemas de las distintas comunidades autónomas, motivo por el que Euskadi y Cataluña (con niveles de ocupación que superan o rozan el 200%) habían quedado al margen de esta distribución.
La directora general de Familias, María Luisa Lozano, que ha representado a Murcia en este encuentro, asegura que los cálculos del Ministerio se han hecho en base a datos de origen desconocido que no se corresponden con la realidad e insiste en que el reparto se hace sobrecargando unos recursos que ya están tensionados.
La mayoría de las autonomías –casi todas las presididas por el PP, más Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE– se han opuesto desde el principio a este mecanismo de acogida obligatorio, que está recurrido por los gobiernos de once territorios ante el Tribunal Constitucional.
