El secretario general de la Consejería de Política Social dice que en Murcia "se conocen las consecuencias de una política de inmigración desordenada" y algunos asistentes a la presentación del informe abandonan la sala
Los procesos de regularización de inmigrantes son necesarios y, de no llevarse a cabo, constituyen un despilfarro para el país. Esta población se ve en ocasiones explotada y resulta imprescindible para el mantenimiento de algunas actividades económicas, como la agricultura en la Región de Murcia. Es la opinión de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, que ha presentado en Murcia un informe titulado “La realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas”.
En España viven diez millones de inmigrantes, una población mayoritariamente femenina y distribuida de manera irregular, con un enorme peso en Madrid, Barcelona y el arco mediterráneo. En la Región de Murcia representan el 20 % de la población. La gran diferencia con los procesos migratorios europeos es el corto espacio de tiempo en el que se ha producido este fenómeno: apenas 25 años.
El informe recoge la importancia de la migración para el crecimiento económico y señala que, aunque la mayoría cuenta con los llamados “papeles”, España no puede permitirse el despilfarro que supone no regularizar a quienes aún se encuentran en situación irregular.
Del trabajo se desprende que los salarios de estas personas no arrastran a la baja los de la población local. Tampoco se percibe un efecto negativo en el uso de los recursos públicos sociales o sanitarios.
Sí se aprecia, en cambio, la necesidad de incrementar y dotar mejor algunos servicios públicos que no han crecido de manera acompasada con el aumento de la población. España ha tenido tradicionalmente una percepción amable y de acogida hacia los migrantes, aunque esta visión ha cambiado recientemente y de forma rápida.
A esta cuestión, entre otras, se ha referido el secretario general de la Consejería de Política Social, Nicolás Gonzálvez, quien ha calificado el proceso de poco transparente y ha advertido de que podría acabar tensionando el sistema.
Gonzálvez ha intervenido en el acto advirtiendo de los "riesgos que supone para la cohesión social" este proceso que promueve el Gobierno central y traslada a las Comunidades Autónomas sin los recursos necesarios. Sus palabras han soliviantado a algunos de los presentes (representantes de los sindicatos, ONG y del PSOE) que han mostrado su desacuerdo marchándose de la sala
