El Juzgado número 2 de Caravaca de la Cruz archiva el caso después de nueve años de investigación
ENRIQUE SOLER.
Tras nueve años de causa abierta, el Juzgado número 2 de Caravaca archiva el caso Caravaca Jubilar. Estaban investigados la presidenta del PP de Calasparra, María Marín, y el abogado Juan Rigabert por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y falseamiento de la contabilidad. Ambos, trabajadores de la extinguida sociedad que se encargaba de la gestión de los museos en el municipio.
La causa se encontraba en el paso previo de la apertura de juicio oral, con la impugnación de la defensa.
Según explica la juez en un auto de 17 páginas, "se advierten múltiples inconsistencias", lo que provoca que se aprecie la existencia de causa legal para el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. No se determina que Marín fuera la responsable de la contabilidad de la entidad, y en el amplio periodo que se investiga, entre el 2 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2012, pasaron diferentes personas. Hasta 7 personas llegaron a trabajar en la administración de Caravaca Jubilar S. A.
Respecto de Rigabert, “era el encargado de presentar las cuentas, pero no las firmaba”. Hace constar el auto que las cuentas fueron auditadas y firmadas por otra entidad externa, desde 1999 hasta 2014, sin incidencias que fueran puestas de manifiesto ante el Consejo de Administración. Por lo tanto —especifica el auto— no hay indicios claros solventes de criminalidad contra los dos investigados.
El auto también subraya las numerosas discrepancias entre las declaraciones de los testigos ante la Policía Nacional y posteriormente ante sede judicial.
También se relata que ante un supuesto desfalco que supera los 245.000 euros, no existe el aumento del patrimonio personal, ni de familiares y allegados frente al detrimento de las arcas públicas.
Se decreta un modo impugnación, con plazos entre los 3 y 5 días.
