Ucrania atribuye el crimen al pasado pro-europeista de Andri Parubi. Europa ve casi inviable la devolución a Rusia de sus activos congelados sin que antes haya indemnizado a Ucrania por la invasión
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de aquel país, Volodimir Zelenski. El mandatario ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.
Su partido, el proeuropeo Solidaridad Europea, ha vinculado su asesinato con su pasado como uno de los líderes de las protestas del Euromaidán que empezaron en 2013, en contra de la decisión del entonces presidente Viktor Yanukóvich de suspender la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Las protestas, y la consiguiente polarización definitiva del país en dos bloques, representaron el germen inmediato del conflicto entre Rusia y Ucrania.
La copresidenta de la bancada parlamentaria del partido, Irina Gerashchenko se ha declarado convencida de que detrás del asesinato de Parubi podría encontrarse "el eterno enemigo terrorista: la Federación Rusa y su quinta columna". Rusia trata de desviar la atención. El embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, ha apuntado a una posible "purga" organizada por "una nueva generación de banderistas" en alusión al histórico líder ultranacionalista ucraniano Stefan Bandera.
La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha descartado prácticamente cualquier posibilidad de que Rusia vea desbloqueados sus activos congelados en el extranjero sin que antes haya indemnizado a Ucrania por el conflicto actual. En declaraciones durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Copenhague (Dinamarca), Kallas ha pedido un debate "con argumentos" sobre una cuestión muy compleja: especialistas en derecho internacional argumentan que la confiscación de activos estatales rusos constituiría una expropiación ilegal y tendría que ser dirimida por instancias como la Corte Internacional de Justicia.
De momento, Ucrania está recibiendo ayuda militar pero a partir de los intereses que generan los activos congelados en Estados miembros de la UE, unos 210.000 millones de euros según estimaciones conservadoras. "Va a ser necesario emplearnos a fondo porque hay pros, contras, y diferentes opiniones sobre esta cuestión", ha indicado Kallas. "Hay que plantearse los riesgos y tener una estrategia de salida", ha añadido antes de apostillar que le parece "difícil de imaginar" que, en el caso de un hipotético alto el fuego, estos activos sean devueltos a Rusia si no ha pagado las indemnizaciones que corresponde a Ucrania".
