La CHS construirá dos desaladoras más, en Águilas y Alicante, para compensar la falta de recursos hídricos
Los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha preparan una demanda para que el Gobierno central cumpla la disposición establecida en el Real Decreto de aprobación de la planificación hidrológica de las confederaciones, a la hora de adaptar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Lo adelantaba la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien no ha concretado si el texto estará listo a lo largo del mes de enero.
En la última reunión del Consejo Nacional del Agua, el Ejecutivo nacional aseguró que iba a esperar a una sentencia pendiente del Supremo en relación a una demanda del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y "en función de lo que determinase tomaría la decisión que considerase oportuna. Pero, dice Gómez, no es necesario demorarse porque resoluciones judiciales previas que respaldan su determinación.
Gómez ha lamentado que, al no haber cambiado estas reglas, en la comisión de Explotación del Trasvase, que se celebrará este miércoles, se prevé que se vuelvan a autorizar 27 hectómetros cúbicos en tres meses, lo que se uniría, ha señalado a los 64 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar del año hidrológico anterior.
Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha formalizado los contratos para redactar dos anteproyectos para la construcción de dos nuevas desalinizadoras en las zonas regables del trasvase. El objetivo, según el presidente del organismo, Mario Urrea, de reducir la presión sobre los acuíferos subterráneos de la demarcación y avanzar hacia una gestión del agua más sostenible y equilibrada para todos los usuarios de la cuenca.
Los trabajos, explica Urrea, se estructuran en dos contratos para la construcción de desalinizadoras que se ubicarán, una en la zona de Alicante y la otra en Águilas. Contarán con un presupuesto de 1,3 millones de euros.
Además de las nuevas plantas desaladoras, los proyectos deben incluir las conexiones con el post-trasvase y áreas de ubicación de plantas solares para reducir el gasto en electricidad. El presidente de la Confederación señala que el plazo de ejecución será de doce meses. Una vez terminado comenzarán las tramitaciones ambientales y de información pública.
Voz: Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha; Mario Urrea, presidente de la CHS.
