El camping señala en un comunicado que "existe un paso abierto hacia la playa dentro de sus instalaciones" y que ninguna familia "tiene restringidos sus movimientos"
Segunda concentración en lo que llevamos de año en El Portús para que abran el acceso a la playa a todo el mundo. El jueves conocíamos que la Demarcación de Costas ha iniciado un expediente de expropiación para garantizar el acceso peatonal a Cala Morena junto al camping del Portús en Cartagena.
Emilia Rico es una de las vecinas del Camping que consiguió a través del juzgado permiso para entrar y salir de las instalaciones. Esta mujer explica que como consecuencia de las presiones durante la Semana Santa los propietarios del Complejo Náutico del Portús permitieron el acceso a la playa pública Cala Morena pero lo cerraron al pasar las vacaciones. Ahora convocan a la ciudadanía el domingo a las once de la mañana para protestar.
Junto a la playa está el Complejo Náutico de El Portús en el que viven todavía de forma permanente unas 40 familias, aunque llegó a contar con hasta 800. En los últimos meses son muchos los que han cedido a las presiones y han terminado vendiendo sus casas a precios muy bajos. Rosa es un ejemplo de lucha ya que desde enero no puede salir del camping porque dice estar amenazada y se le impediría el acceso de vuelta, según relata. Son sus vecinos los que le llevan cada día la compra y las medicinas cuando las necesita.
La dirección del camping de El Portús, explica a través de un comunicado que "existe un paso abierto hacia la playa dentro de sus instalaciones" y que se usa por parte de los vecinos de forma habitual. Ese paso, según explican es "provisional" hasta que culminen las obras que se están realizando en las instalaciones. Una vez concluyan, la intención, señalan, es abrir el acceso habitual. La dirección del complejo dice que el paso alternativo es "voluntario" y que comparten la idea de que un espacio público debe ser disfrutado por cualquier persona que así lo considere" en referencia a la playa.
Subrayan, a su vez que ninguna familia "tiene restringidos sus movimientos" y que han llegado a acuerdos con el 90% de los usuarios antes incluso de la entrada en vigor de la ley que desde 2022 limita a 11 meses la estancia máxima en un camping y prohibe la residencia permanente.
