La Asamblea Regional debate sobre el modelo de gestión del 112 o las obras contra inundaciones que protegerán el Mar Menor
El nuevo decreto de juegos de azar que regulará las prohibiciones de acceso a locales de apuestas se aprobará este 2026, casi seis años después de su redacción. IU en la Asamblea acusa al gobierno regional de inacción y de contribuir con la tardanza al crecimiento de la ludopatía en la Comunidad.
El plazo para aprobar esta norma que viene a modificar otros cinco reglamentos lo daba en el pleno el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, en respuesta a una pregunta del diputado de IU, José Luis Álvarez Castellanos. La norma regulará entre otros aspectos el registro general de prohibiciones de acceso.
El diputado del grupo mixto, José Luis Álvarez Castellanos, reprocha al Gobierno de López Miras los casi seis años que acumula la tramitación del decreto y afirma que la patronal del juego está marcando la agenda del ejecutivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirma una multa de 40.000 euros a una empresa de juego de Molina de Segura por permitir apostar a una persona incluida en el registro de prohibidos. La sala de lo Contencioso responsabiliza tanto a la empresa de apuestas como al titular del local.
La sentencia de la sala de lo Contencioso desestima el recurso de apelación contra la resolución de un juzgado de Murcia que declaró la sanción ajustada a derecho. Los hechos se remontan a marzo de 2021 cuando un agente del servicio de inspección se personó en un salón de apuestas de Molina y comprobó como un cliente se dirigía directamente a las máquinas de apuestas deportivas, sin que nadie le pidiese la documentación para comprobar si su nombre estaba incluido en el Registro de Personas con Prohibición de Juego.
En el resto del Pleno en la Asamblea Regional, IU ha denunciado la precariedad de los trabajadores que atienden las llamadas del 112, sujetos al convenio colectivo del telemarketing. La Comunidad Autónoma volverá a sacar a concurso el servicio en el mes de junio.
El diputado de IU defendía en el parlamento que la administración regional asuma la gestión de dicho servicio, igual que es pública la gestión, dirección operativa y coordinación de las emergencias en la Comunidad Autónoma.
El Gobierno regional defiende el modelo actual y anuncia que ya preparan los pliegos de condiciones para sacar a concurso en tres meses la atención telefónica del 112, cuando expire el plazo de la concesión.
El consejero de Fomento, Jorge García, urge al Ministerio para la Transición Ecológica a acometer las obras que protegerían el Mar Menor de las avenidas de agua. Se refería a los proyectos incluidos en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones, valorados en 700 millones.
Según el consejero de Fomento, de su ejecución dependerá el plan de ordenación de la Cuenca Vertiente, que está diseñando el gobierno murciano y para el que ha recibido 87 alegaciones. Jorge García recuerda que, por encima, hay leyes y planes estatales y municipales que integrar y apela a la responsabilidad de Ministerio para abordar la lucha contra las inundaciones.
El consejero de Educación, Víctor Marín, ha garantizado el pago trimestral de las facturas presentadas por institutos y centros de Formación Profesional.
Ante una interpelación de los socialistas en el pleno de la Asamblea, Marín se refería al gasto de luz, fotocopias u otras necesidades en el día a día de los institutos.
El diputado del PSOE Juan Andrés Torres le acusaba de retrasar el pago hasta 5 meses en 2025 y 3 meses este año. Le aclaraba el consejero de Educación que, de acuerdo con los directivos de los centros, el abono se hace por trimestres y no hay incertidumbre al respecto.
Los de Abascal volvían a presentar en el Parlamento una pregunta sobre el coste de atender a los niños y adolescentes extranjeros no acompañados. La consejera de Política Social recuerda a Vox que la acogida de menores inmigrantes o nacionales en situación de desamparo es una obligación legal y moral de la Comunidad Autónoma
La diputada de Vox, Virginia Martínez, cuestionaba en la exposición de su pregunta la asistencia a menores extranjeros en situación desamparo. Le respondía la consejera apelando a la legalidad y al deber moral del gobierno regional y acusando a Vox de confundir a la población.
