Las familias siguen pidiendo justicia y denuncian frustración, olvido y falta de responsabilidades. La jueza que investiga el incendio ha ampliado la fase de instrucción hasta el 1 de enero de 2026
CHEMA DÍAZ | ALEJO J. LUCAS
Este 1 de octubre se cumplen dos años del trágico incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia que dejó 13 muertos. Las familias de los fallecidos afrontan el aniversario con una sensación de frustración y olvido porque creen que los principales responsables de esta tragedia no están respondiendo ante la justicia. Los abogados de varias víctimas están preparando una denuncia contra la jefa del Área de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia por elaborar un informe que excluye a los funcionarios de todo lo ocurrido.
Especialmente sobrecogedor fue el caso de Leidy Paola. La joven, que falleció junto a su novio Kevin, pudo enviar un mensaje de audio a su madre consciente de lo que iba a ocurrir. Dos años después, su padre, Jairo Correa, ha relatado a Onda Regional la tristeza que supone rememorar lo ocurrido. Siguen creyendo en la justicia pero se sienten marginados.
La jueza que investiga el incendio ha ampliado la fase de instrucción hasta el 1 de enero de 2026. Han sido citados a declarar decenas de testigos que vivieron en primera persona la tragedia, y se han recibido diversos informes periciales que ponen de relieve importantes carencias de seguridad en Teatre, donde se originó el fuego, y Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas.
Pero José Manuel Muñoz, abogado de la familia de Leidy Paola y de otras víctimas, asegura que el ayuntamiento de Murcia tiene que responder por permitir que una actividad ilegal como Teatre siguiera funcionando 12 años sin licencia. En declaraciones al programa El Mirador, de Onda Regional, asegura que están preparando una denuncia contra la jefa del área de Urbanismo del ayuntamiento.
Las 13 muertes se produjeron en Fonda Milagros, una discoteca "que no existía" administrativamente. Familiares de los fallecidos y los abogados que les representan coinciden en la falta de investigación contra concejales, funcionarios y técnicos municipales.
Ahora la Audiencia Provincial tiene que resolver el recurso contra la decisión de la jueza de no citar a declarar a funcionarios y responsables municipales. El abogado José Manuel Muñoz cree que la ampliación de la instrucción hasta enero de 2026 no significa un punto y final.
Mientras, las familias de los 13 fallecidos en las discotecas de Atalayas continúan con un sentimiento mezcla de rabia e indignación. De un brochazo se borró el futuro de sus seres queridos.
