Los asesinatos de Ana María, María José y Petronila dejan una semana negra para la violencia de género. En los dos últimos días también han asesinado a dos menores
Los asesinatos de Ana María, María José y Petronila en una semana negra para la violencia de género -en la que también han asesinado a dos menores- elevan a diez los crímenes machistas en lo que va de año. En seis de los casos constaban denuncias previas. El último de ellos se produjo ayer por la tarde en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, donde la policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre, suegra de la víctima.
En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. De las 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025, la cifra más baja de la serie histórica, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026. En apenas un mes y medio, 6 menores han quedado huérfanos en 2026 tras los feminicidios de sus madres, cifra que se eleva a 510 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas).
A los nueve feminicidios, hay que añadir los dos primeros crímenes vicarios del año: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de un niño de 10 años asesinado este viernes en Arona (Tenerife) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre.
En seis de los diez asesinatos, el 60 %, constaban denuncias previas: cinco habían sido interpuestas por las víctimas y una por otras personas. En cambio, sólo 10 de los 48 agresores machistas de 2025, el 20,8 %, habían sido denunciados. Ellas habían denunciado a sus agresores: unas estaban inscritas en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior (VioGén), y otras contaban con órdenes de alojamiento. Sin embargo, los mecanismos del Estado para protegerlas, fracasaron.
La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta semana que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y ha apostado por una mayor contundencia, una vez acordadas las medidas de alejamiento.
