Un estudio de la Universidad de Alicante alerta del grave impacto económico y agrícola si se cumplen los planes del Ministerio para 2027
El cierre de acuíferos en la cuenca del Segura, proyectado por el Ministerio para la Transición Ecológica para el año 2027, amenaza 20.500 empleos y supondrá un coste de 680 millones de euros al año en la Región de Murcia. Es una de las principales conclusiones de un estudio del Instituto Universitario del Agua de la Universidad de Alicante, conocido hoy por el Consejo de Gobierno.
Esos 680 millones suponen alrededor del 82,5% del impacto total previsto para la Demarcación del Segura. Además, el cierre de los acuíferos implicaría la eliminación de 28.700 hectáreas de regadío y generaría una pérdida patrimonial para los propietarios de las fincas.
El estudio también señala que el impacto afectaría a otros sectores de manera indirecta, como la industria de transformación agroalimentaria o la industria logística. Para mitigar estas consecuencias, propone infraestructuras hidráulicas adicionales que sustituyan a las aguas subterráneas. En este sentido, una de las alternativas es la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano, según explicó Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno.
Ortuño recordó que a este escenario se suma otra amenaza: el recorte del trasvase Tajo-Segura a partir de 2027. En su opinión, la combinación de ambas medidas supondría un golpe sin precedentes para la agricultura y la economía regional.
El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, advirtió de que el recorte del trasvase y de las aguas subterráneas “pueden dar al traste con las explotaciones”.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno también analizó hoy un informe de las principales distribuidoras eléctricas, que confirma la grave saturación de la red eléctrica en el país y en la Región. Según este estudio, más del 82% de la red regional ya está saturada, lo que limita nuevas conexiones y pone en peligro numerosas inversiones. Lo peor, advierte el portavoz del Gobierno, es que la Región ha quedado excluida de los planes nacionales de inversión en redes, por lo que exige medidas urgentes para modernizar la infraestructura.
