Este organo ha admitido a trámite la queja presentada por el Colectivo LGTBI Galáctyco de Cartagena
REDACCIÓN | EFE. Cartagena
El Defensor del Pueblo ha pedido información sobre el pin parental a la Consejería de Educación de Murcia tras admitir a trámite la queja presentada por el Colectivo LGTB Galáctyco de Cartagena.
Lo han señalado fuentes del órgano presidido en funciones por Francisco Fernández Marugán, que han asegurado que tras admitir a trámite el escrito presentado por dicha asociación se ha procedido a pedir información a Murcia. El pin parental, defendido por Vox y calificado por el Gobierno, la mayoría de los partidos y la comunidad educativa como "censura educativa", establece que los padres deben autorizar previamente la asistencia de sus hijos a actividades complementarias sobre temas como la diversidad sexual.
En la Región de Murcia está establecido desde el pasado agosto a través de una instrucción para que cualquier actividad ajena a los colegios sea autorizada por los padres.En la carta enviada por Galáctyco al Defensor, se argumenta que solicitar el consentimiento de las familias pone en riesgo "la protección a la que los menores también tienen derecho frente a los casos de rechazo dentro del seno familiar por orientación sexual, expresión de género o identidad de género, un problema que sigue estando a la orden del día".
El presidente de Galáctyco Alberto Alba ha dicho en declaraciones a Onda Regional que espera la implicación de este órgano del Estado ante la falta de respuesta de la Comunidad a los requerimientos realizados por el colectivo. La autorización de los padres que necesitan este curso los alumnos para recibir formación extracurricular sobre cuestiones como la diversidad sexual contraviene la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la ley de Igualdad y la normativa que regula el sistema educativo, según ha reiterado el presidente de Galactyco.
CALVO DEFIENDE EL REQUERIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL
La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha defendido el requerimiento realizado por el Gobierno central al ejecutivo de Murcia sobre el llamado 'pin parental' para que rectifique, por entender que la medida supone violentar competencias del Estado. Lo ha asegurado en una entrevista en la cadena SER.
Para la vicepresidenta, la medida que se ha puesto en marcha en Murcia supone un un ataque a la educación pública y a las actividades troncales regladas previstas por la comunidad educativa y el requerimento es obligatorio administrativamente hablando antes del recurso.
