Francisco Lucas solicita a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo al considerar que la medida vulnera la libertad religiosa
El Delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo para anular la moción aprobada por el PP en Jumilla, que prohíbe la celebración de actos religiosos en instalaciones deportivas municipales.
El pasado 11 de agosto, el Gobierno nacional ya presentó un requerimiento al Ayuntamiento jumillano para que revocara el acuerdo, al entender que impide el uso de espacios públicos a la comunidad musulmana y supone una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa.
Transcurrido el plazo de un mes y sin constancia de que el Ayuntamiento haya rectificado, la Delegación del Gobierno ha decidido dar el siguiente paso legal, solicitando a la Abogacía del Estado la interposición del recurso correspondiente.
Por su parte, la alcaldesa de Jumilla, Severa González, ha acusado al delegado del Gobierno de utilizar las instituciones para hacer política partidista. González ha exigido al Ejecutivo central que deje de "generar odio" y que atienda las necesidades reales del municipio, como el estado del cuartel de la Guardia Civil y la crisis hídrica prevista para 2027.
González defiende que la convivencia en Jumilla es plena y pacífica, y reprocha a Lucas que, recurra al enfrentamiento político, en lugar de atender los problemas reales del municipio como el estado del cuartel de la Guardia Civil
Así, González ha pedido a Lucas que se centre en una de las principales preocupaciones para el Altiplano que es la crisis hídrica que se avecina
