El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que garantiza una quita mínima del 19%. El Gobierno de España asumirá 3.318 millones de euros de la deuda de la Región de Murcia si el Ejecutivo murciano lo acepta
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas. El reparto garantiza una quita mínima del 19%.
El Gobierno de España asumirá 3.318 millones de euros de la deuda de la Región de Murcia siempre y cuando el Ejecutivo murciano lo acepte. Así lo ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.
Las autonomías gobernadas por el Partido Popular están en contra de esta medida y, aunque algunos, como el presidente riojano, Gonzalo Capellán, habían deslizado que acabarían aceptándola, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha asegurado en RNE que habrá unidad de todos los presidentes autonómicos.
El 75% de las cantidades condonadas están ligadas a la población por territorio y ahorrará a las autonomías entre 6.600 y 6.700 millones de euros en el pago de intereses. Además, añade la ministra Montero, no influye en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica.
Montero, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha recordado que esta norma, que beneficia a todas las Comunidades tengan o no deuda con el FLA, es “plenamente coherente” con la política de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas que ha aplicado el Gobierno desde 2018.En este sentido, la ministra de Hacienda ha recordado otras medidas inéditas puestas en marcha por el Ejecutivo en favor de las administraciones territoriales como, por ejemplo, los 30.000 millones de los fondos COVID, que las CCAA no tuvieron que devolver a diferencia de los préstamos del FLA adoptados por el Gobierno del PP en la anterior crisis y que son el origen del sobreendeudamiento que el Anteproyecto de Ley busca corregir. O también el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 como si no hubiera habido pandemia, que generó unas liquidaciones negativas de 4.000 millones que el Estado asumió y evitó que las Comunidades Autónomas tuvieran que devolver.