Conchita Ruiz, consejera de Política Social, explica en la Asamblea Regional que el centro no se ajusta al nuevo modelo diseñado con estructura de hogar y plazas limitadas que defiende la Unión Europea
MACU ALEMÁN / NACHO GÓMEZ / TERESA BLANCO / PACO MARTÍNEZ
Una a una, el Gobierno murciano va cumpliendo las condiciones planteadas por Vox para que la Comunidad Autónoma cuente con presupuestos este 2025. Ayer fue el rechazo al Pacto Verde y hoy ha sido el anuncio del cierre (sin fecha prevista) del centro de menores migrantes no acompañados de Santa Cruz (tampoco se ha explicado cuál sería el destino de los internos allí atendidos). El anuncio lo ha hecho, a preguntas del PSOE, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, en la Asamblea Regional.
El cierre del centro de menores migrantes no acompañados de Santa Cruz, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, ha sido desde hace años una exigencia reiterada por Vox. Exigencia a la que hasta ahora se había opuesto el Gobierno regional, que en 2021 aseguró que las instalaciones no sólo no se iban a clausurar sino que estaban siendo sometidas a unas obras para mejorar la atención de los menores a los que acogía. En la actualidad son unos 60 los que se encuentran en el inmueble (que cuenta con habitaciones, comedor, un pequeño pabellón deportivo y una piscina) situado en las inmediaciones del colegio público de Santa Cruz. Esto les facilita la posibilidad de acudir a las clases con regularidad.
El centro de menores tutelados de Santa Cruz no se ajusta al nuevo modelo diseñado con estructura de hogar y plazas limitadas que defiende la Unión Europea, UNICEF y el Gobierno de España, según la consejera de Política Social. Esta ha sido la respuesta de Conchita Ruiz en el pleno de la Asamblea a la pregunta del PSOE sobre el posible cierre de las instalaciones.
La consejera de Política Social no ha aclarado en el pleno si el centro acabará cerrando sus puertas, pero ya advierte de que no se ajusta a la nueva regulación enfocada a la acogida en hogares o pisos, con plazas limitadas y para estancias temporales.
De hecho, nueve organizaciones que gestionan plazas de menores en la Región han adaptado ya sus servicios a los estándares que defienden la Unión Europea y organizaciones de defensa de la infancia. El Gobierno de España prepara también un nuevo reglamento en este sentido amparado por la Ley del Menor explica Conchita Ruiz.
El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha acusado al PP de alinearse "con la ultraderecha más racista de Europa, asumiendo una tras otra todas las imposiciones de Vox. En un mensaje en redes sociales, Lucas ha dicho que "es indecente que López Miras use a niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad como moneda de cambio para aprobar los presupuestos.
La portavoz de Podemos, María Marín, considera que cierre del centro de menores de Santa Cruz supone una vulneración de los derechos de la infancia y anuncia que lo trasladará al ministerio de Derechos Sociales. Marín lamenta que López Miras haya dado un paso más en la deriva ultraderechista e insiste en que el gobierno regional se ha vuelto a humillar ante Vox.
Desde el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, se defiende el posible cierre del centro de menores ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz amparándose en las recomendaciones de diversos organismos nacionales e internacionales que promueven un modelo de atención basado en el entorno familiar.
En primer lugar, citan la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de todo menor a vivir en un entorno familiar. Este tratado internacional aboga por ofrecer protección específica a la infancia que carece de una familia, priorizando en todo momento soluciones que eviten que caer en instituciones.
Además, se apoyan en la Recomendación (UE) 2024/1238 de la Comisión Europea, emitida en abril del pasado año, que insta a los Estados miembros a desarrollar sistemas integrados de protección infantil que coloquen el interés superior del menor en el centro de las políticas públicas. El texto europeo promueve la sacar la acogida de las instituciones y la inversión en servicios de atención familiar y comunitaria de calidad, con el objetivo de garantizar un cuidado más humano y personalizado.
El Ministerio de Juventud e Infancia también respalda este enfoque, al considerar que el acogimiento familiar ofrece a los menores un entorno más estable y afectivo.
Por su parte, el Defensor del Pueblo insiste desde hace dos décadas en la necesidad de fomentar este modelo frente al internamiento en centros.
El consejero de Economía y hacienda, Luis Alberto Marín, no valora las condiciones de Vox, insiste en que si aprobaron los anteriores deberían hacer lo propio con estos y reitera que el retraso en la aprobación de las cuentas no es tanto por esas negociaciones sino más bien por la ausencia de información por parte del Ministerio de Hacienda en relación a los objetivos de déficit.
El calendario es el que es y de tramitarse unos presupuestos nos iríamos seguramente a junio para verlos aprobados, eso en el mejor de los casos. Luis Alberto Marín reconoce que no se puede esperar más.
